El acceso masivo a herramientas de IA permitió que ciudadanos del Reino Unido y Argentina presenten apelaciones y amparos en volúmenes que colapsan tribunales y organismos estatales, según datos oficiales y análisis de expertos.
Tom Loosemore, cofundador del Government Digital Service británico, realizó un experimento en el que un agente de inteligencia artificial evaluó el impuesto municipal de su vivienda. El sistema detectó que la propiedad estaba sobrevalorada respecto a las lindantes y propuso los pasos para apelar: consultar APIs públicas, medir extensiones de casas vecinas vía Ordnance Survey, descargar datasets del Land Registry y redactar una apelación ante el organismo municipal. Loosemore frenó el proceso y señaló: “La fricción que impedía que la gente apelara sus impuestos municipales acaba de desaparecer. Lo mismo aplica a cualquier otro servicio público”.
El término “inundación agéntica” fue acuñado por Chris Schmitz, doctorando del Centre for Digital Governance de Berlín. Según sus datos, las apelaciones de beneficios sociales ante el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido crecieron más de un 60% desde 2022, coincidiendo con la masificación de herramientas de IA. En agosto, The Economist reportó que el atraso en los tribunales laborales subió un 55% en un año y las peticiones de medidas cautelares urgentes se multiplicaron por cien.
El colapso actual no se debe a agentes autónomos, sino a personas que usan chatbots para redactar apelaciones, las revisan y las presentan. Loosemore estima que la fase agéntica plena podría llegar en dos años.
Los Estados modernos crearon derechos procesales con la expectativa de que pocos ciudadanos llegarían al final del proceso. La fricción –formularios ilegibles, oficinas con horarios limitados, costos de abogados– garantizaba el equilibrio fiscal. En el Reino Unido, se estima que los ciudadanos dejan de reclamar hasta 24.000 millones de libras anuales en beneficios legales.
En Argentina, el amparo judicial es un mecanismo de reclamo. Entre 2011 y 2018, los amparos de salud ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal pasaron de 1.130 a 5.474. En 2024 superaron los 10.000, solo contando obras sociales y prepagas. El Poder Ejecutivo reconoció que ese volumen tiene al Poder Judicial “sobrepasado”. Nueve de cada diez amparos pedían cobertura de prestaciones y medicamentos ya contemplados en la cobertura obligatoria. Iniciar un amparo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta un mínimo de tres millones y medio de pesos en honorarios de abogado.
La IA eliminó el costo de reclamar sin cambiar las reglas. Si los gobiernos agregan fricciones específicas contra la IA, iniciarían una carrera contra sus propios ciudadanos. Los funcionarios ya reportan “basura” generada por IA, como alucinaciones y jurisprudencia falsa, pero a medida que la tecnología mejore, los reclamos serán más precisos.
The Economist propone tres salidas: dejar de crear derechos que generen reclamos masivos, podar los sistemas de apelación laberínticos y rehacer el Estado con IA –por ejemplo, un sistema de planificación urbana que decida solo si una obra cumple el código de zonificación, o un Estado de bienestar que diseñe intervenciones personalizadas. Esa visión requiere desmantelar la maraña de intereses, contratos y política de corto plazo que ha impedido digitalizar registros o sistemas de turnos médicos.
La pregunta sin respuesta es si la IA que rehará el Estado es la misma que mostró que los sistemas de derechos sobrevivían porque confiaban en que los ciudadanos se cansarían de reclamar.