La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una actualización del 2,1% para los aranceles de las prestaciones básicas de atención integral a personas con discapacidad, correspondientes a agosto, en base al IPC de julio.
El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), formalizó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
La medida fue establecida mediante la Resolución 2775/2026, que modifica los valores fijados por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se aplicó una actualización del 1,9%. El nuevo esquema alcanza a todas las modalidades del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin distinción por tipo de servicio.
La normativa mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. Este beneficio por zona desfavorable incluye a las provincias del sur del país y contempla características geográficas y dificultades de acceso que pueden incrementar los costos de atención y servicios de apoyo.
Entre los valores actualizados, en la Categoría A, correspondiente a prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06. En la Categoría B, el Hogar con CET permanente quedó en $2.824.518,71 y la Residencia Permanente en $1.133.384,56. En la Categoría C, de menor complejidad, el Hogar Permanente se fijó en $1.383.759,91 y la Residencia Permanente en $1.047.812,39.
La actualización se produce en un contexto de reclamos por demoras en los pagos a prestadores. En mayo de 2026, la Justicia Federal ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos en un plazo de 72 horas. La medida cautelar fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en un amparo colectivo de alcance nacional, con vigencia de seis meses o hasta sentencia firme.
Los demandantes señalaron que los prestadores no recibían fondos adeudados por el Estado, situación que, según indicaron, provocó la interrupción de terapias y dificultades para la entrega de medicamentos. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostuvo ante la Justicia que las demoras se relacionaban con un «reordenamiento estructural» derivado del traspaso del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a esa cartera, y afirmó que el proceso de regularización estaba en marcha.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas fue creado en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social mediante la Resolución 428, en el marco del Decreto 1193 de 1998. Sus aranceles se actualizan periódicamente a partir de propuestas del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, que en esta oportunidad acordó la modificación mediante el Acta 432, en línea con la Ley 27.793.