La Operación Hawala, ejecutada por el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro, documentó un circuito financiero que vincula el lavado de dinero del narcotráfico con redes de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda en la Triple Frontera.
La Operación Hawala, desplegada por el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro, documentó un circuito financiero que vincula el lavado de dinero del narcotráfico con redes de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda en la Triple Frontera. El caso comenzó en una tienda de fundas de celulares en una favela de Río de Janeiro, controlada por el Terceiro Comando Puro (TCP).
Según la investigación, entre 2021 y 2024 se movieron aproximadamente 19 millones de dólares al servicio de las facciones Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho y el propio TCP. Los investigadores detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah.
En el capítulo fronterizo del caso aparecen empresarios de origen libanés, incluidos los hermanos Zayoun, en operaciones que movían valores entre firmas de pantalla en Río de Janeiro y operadores en la frontera. El nombre del operativo, Hawala, hace referencia al sistema informal de compensación que permite mover dinero entre países sin transferencias bancarias ni cruces físicos de divisas.
La denuncia formal es por lavado de activos para las facciones. La conexión con Al Qaeda y Hezbollah es, por ahora, una línea de investigación policial, no un hecho probado en sede judicial. Antecedentes documentados incluyen el paso de recaudadores de Hezbollah por la Triple Frontera tras los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, la detención en 2018 del jefe del clan Barakat a pedido de la justicia argentina, y la sanción del Tesoro estadounidense en diciembre de 2021 a una red de Al Qaeda asentada en Brasil.
En 2023, un testigo paraguayo, David Rachid Lichi, entregó al fiscal Sebastián Basso documentación de la firma Safio que indicaba transferencias por unos 12 millones de dólares entre 1989 y 2000 a Ali Hussein Abdallah, vinculado a Salman Raouf Salman, acusado de coordinar la fase final del atentado a la AMIA. Solo en 1994, los depósitos habrían sumado dos millones de dólares, fraccionados en montos de entre 10.000 y 300.000 dólares, canalizados a través de un banco.
Desde junio, el PCC y el Comando Vermelho fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita sanciones secundarias contra bancos o empresas que operen con sus estructuras. La Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, sigue siendo un punto donde el dinero y el crimen encuentran un hábitat natural, según la investigación.