La investigación por el robo comando ocurrido el 20 de abril en barrio Urca sumó la detención de dos policías del Comando de Acción Preventiva (CAP 19). Yamila, una de las víctimas, declaró que desde el inicio sospechó que su domicilio había sido desprotegido y cuestionó el trato recibido por las autoridades.
La investigación por el robo comando ocurrido en barrio Urca sumó la detención de dos policías del Comando de Acción Preventiva (CAP 19), acusados de integrar la organización que protagonizó el asalto. Tras conocerse la noticia, Yamila, una de las víctimas, se refirió al avance de la causa y al trato recibido desde el hecho.
«Me quedé totalmente decepcionada. Eran policías», afirmó en diálogo con ElDoce, luego de enterarse de las detenciones.
La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción N.º 15, a cargo de Juan Pablo Klinger, y suma 13 detenidos. Entre los últimos arrestados se encuentran los oficiales Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa, ambos integrantes del CAP 19, además del civil Alan Guerra.
Según la investigación, los efectivos habrían utilizado información obtenida a través de la frecuencia policial para informar los movimientos de los patrulleros y facilitar los robos, además de contribuir a la impunidad de la banda.
El asalto ocurrió el 20 de abril, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda familiar durante la madrugada. Yamila recordó que ocho hombres permanecieron alrededor de dos horas dentro de la casa, aunque con el avance de la investigación supo que la organización estaría integrada por al menos 16 personas.
«Siempre sospeché que habían liberado mi zona, que habían desprotegido totalmente mi domicilio», sostuvo. «Ahora nos informamos de que operaban desde la central del CAP 19 viendo todo el monitoreo. Uno de los que parecía ser el jefe hablaba permanentemente con alguien que estaba afuera. Hoy pienso que le iban pasando información para saber si podían seguir o si tenían que retirarse», relató.
Durante el robo, la familia fue reducida, golpeada y obligada a realizar transferencias bancarias. De acuerdo con la investigación judicial, los delincuentes forzaron movimientos por 17,3 millones de pesos hacia distintas cuentas utilizadas para distribuir el dinero. Además, la víctima reveló que «nos obligaron a hacer transferencias y a mi marido le sacaron un préstamo a su nombre. De eso no recuperamos absolutamente nada».
Hasta el momento, la Justicia solo logró recuperar las dos camionetas robadas durante el golpe comando. «Nunca me llamaron para una rueda de reconocimiento. Nunca me llamaron para nada», afirmó. También sostuvo que, salvo las primeras actuaciones posteriores al robo, no volvió a tener contacto con quienes llevan adelante la causa.
«Desde el 20 de abril vivimos con miedo. Tenemos dos hijos adolescentes y se nos cambió totalmente el estilo de vida», expresó.
La mujer también recordó la visita que recibió del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, poco después del asalto. «Yo estaba muy enojada. Él quería suavizar la charla, pero conmigo no iba a suavizar nada», dijo. Según contó, luego intentó volver a comunicarse con el funcionario. «Le mandé mensajes de WhatsApp, lo llamé por teléfono y nunca me contestó. Al principio estaban todos dispuestos y después desaparecieron», cuestionó. «Las personas que nos tienen que cuidar no nos cuidan», afirmó.