El juez federal Martín Irurzun, que cumplió 75 años, enfrenta un limbo judicial tras no obtener un nuevo acuerdo del Senado para continuar en su cargo. Mientras tanto, la Cámara de Casación debe decidir sobre la sede de la AFA, en un caso que involucra a su presidente, Claudio Tapia, y al juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia.
El juez federal Martín Irurzun, que cumplió 75 años, se encuentra en una situación de incertidumbre judicial. Según la Constitución Nacional, reformada en 1994, los jueces deben cesar en sus funciones al alcanzar esa edad, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más. Irurzun presentó una solicitud formal para ese acuerdo, pero el Poder Ejecutivo no respondió. Ante esta falta de respuesta, el magistrado pidió una medida cautelar, que fue rechazada en primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego, Irurzun planteó la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema tiene antecedentes contradictorios sobre el límite etario. En 1999, en el llamado «caso Fayt», declaró inconstitucional el artículo que fijaba los 75 años como límite para el ejercicio judicial. En 2017, en el «caso Schiffrin», la Corte modificó esa jurisprudencia y avaló la validez de la reforma constitucional. El actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en el caso Fayt, mientras que los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda (quien renunció en diciembre de 2024 al cumplir 75 años) votaron en el caso Schiffrin.
Irurzun integra la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene a su cargo la revisión de la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, denunciados por su exdirector Diego Spagnuolo. Esa denuncia involucra a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y a los primos Menem.
En paralelo, la Cámara de Casación convocó a una audiencia para escuchar a las partes en un expediente relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron escuchar a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la entidad. El caso se refiere a la investigación sobre la propiedad de una mansión en Pilar, atribuida a Toviggino. La defensa de Tapia y Toviggino busca que el caso se derive al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, en lugar de la jueza Verónica Straccia, actualmente a cargo del expediente.
La Cámara debe determinar si la sede de la AFA se encuentra en un terreno en Pilar o en su edificio histórico en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires. La Inspección General de Justicia (IGJ) estableció que la sede está en Pilar. La diputada Elisa Carrió solicitó que el juez Barroetaveña se excuse de intervenir en el caso porque presidió la Comisión de Ética de la AFA hasta fines del año pasado.
En cuanto al reemplazo de Irurzun, se mencionó al juez Pablo Yadarola, quien ocupó el puesto 16 en el examen escrito para integrar la Cámara Federal, pero escaló a la terna final tras el examen oral.