El Ejecutivo confirmó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad vinculadas a negociaciones de paz, en el marco de una estrategia para reforzar el control penitenciario y evitar que estructuras criminales operen desde prisión.
El Gobierno del presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero confirmó el “traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil” vinculadas a negociaciones de paz, con el argumento de “fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para operar desde prisión, según un comunicado de prensa difundido por la Oficina de Prensa del jefe de Estado.
Por instrucciones del jefe de Estado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó la reubicación de los internos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
La Presidencia planteó que la medida apunta a impedir que organizaciones delictivas “mantengan, coordinen o fortalezcan sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, en medio de traslados que abarcaron “diferentes sectores del país”.
En el mismo documento, el Ejecutivo presentó la decisión como parte de una estrategia más amplia: “Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales”.
El comunicado añadió que la administración de De la Espriella ejercerá el control “con autoridad y dentro del marco constitucional” y advirtió: “Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”.
Un reciente video muestra la caravana del Inpec que habría sido utilizada para trasladar a varios de los principales cabecillas de La Oficina, que permanecían en la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia.
Las autoridades de Antioquia han sido cautas en la divulgación de información sobre el operativo. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, precisó que los reclusos trasladados corresponden a jefes de estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Entre los nombres señalados por el mandatario figuran alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, se refirió al traslado de presos desde la cárcel de Itagüí y lo presentó como un giro frente a la política del Gobierno de Gustavo Petro: “Se les acabó la alcahuetería y la parranda que tenían montados los criminales en las diferentes cárceles del país”.
En su mensaje, De Bedout aseguró que la decisión de mover “a más de cien criminales a diferentes cárceles del país” busca “desmontar la falsa paz total que montó Gustavo Petro” y advirtió: “No más negociación con criminales, no más beneficios ni prebendas a aquellos que no cumplen la ley”.
Al referirse a la operación, el concejal sostuvo que “hoy sacaron de la cárcel de Itagüí a varios de los cabecillas más peligrosos del valle de Aburrá”, y atribuyó el cambio a una nueva conducción: “Con la llegada de Abelardo de la Espriella es diciendo y haciendo”.
De Bedout afirmó que el traslado ocurre “después de cuatro años de complacencia” y describió el funcionamiento del penal en ese periodo: “Durante años esa cárcel dejó de ser una cárcel, se volvió una oficina, se volvió una tarima, se volvió un hotel, se volvió el centro de operación política y criminal de todo el país”.
Según el presidente del Concejo, “hoy el Estado hizo lo que tenía que hacer”, y vinculó esa medida con “las diferentes denuncias y hallazgos que hemos denunciado desde acá, desde Medellín”.
En el mismo pronunciamiento enumeró nombres y condenas de algunos de los trasladados. “Alias Douglas, treinta y dos años de condena”, dijo, y añadió: “Alias Carlos Pesebre, condenado por extorsión y concierto para delinquir. Alias el Indio, condenado por concierto para delinquir”.
De Bedout aseguró que los mencionados estuvieron “vinculados durante años a la oficina de Envigado” y cuestionó el trato recibido durante la actual administración: “Son condenados por delitos graves que en el gobierno Petro tuvieron algo que las víctimas no tuvieron: privilegios y protagonismo”.
Al cerrar, marcó su posición sobre el enfoque carcelario: “Una cosa es buscar la paz, otra muy distinta es negociar con los jefes del crimen. Las cárceles son para pagar condenas”.