La Orden Ejecutiva 2026-04 exige a los proveedores licencias, historial de inspecciones y políticas contra el tráfico ilegal antes de venderle a la ciudad.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que establece nuevos requisitos para que la ciudad adquiera armas de fuego, accesorios y municiones. La medida, denominada Orden Ejecutiva 2026-04, amplía los estándares de contratación de proveedores y busca impedir que fondos públicos se destinen a empresas con vínculos con el tráfico ilegal de armas.
En una publicación en la red social X, Johnson señaló que “solo el 5% de ellos es responsable del 90% de las armas recuperadas en delitos”, en referencia a los vendedores de armas. Además, indicó que la orden fue impulsada con el apoyo de Brady: United Against Gun Violence y que su objetivo es utilizar el poder de compra del gobierno local para incentivar prácticas comerciales responsables.
La orden instruye al Department of Procurement Services, en coordinación con el Chicago Police Department, la Office of Public Safety Administration y el Department of Law, a elaborar e implementar los nuevos estándares en un plazo de 90 días. Una vez implementados, todos los proveedores que deseen celebrar contratos con la ciudad deberán cumplir con los requisitos.
Entre los requisitos que deberán acreditar los proveedores se incluyen: contar con todas las licencias, permisos y certificaciones federales, estatales y locales; presentar informes de inspecciones regulatorias de los últimos cinco años; informar infracciones relacionadas con armas y medidas correctivas; explicar políticas internas para prevenir el tráfico ilegal, compras mediante terceros, transferencias ilícitas y robo de armamento; aportar información sobre armas vendidas que hayan sido recuperadas en investigaciones criminales; y certificar el cumplimiento de todas las leyes aplicables.
La orden también autoriza a los departamentos municipales a evaluar las políticas de seguridad de las empresas antes de adjudicar o renovar contratos. Entre los aspectos a considerar se encuentran las medidas para impedir el tráfico ilegal, los programas de capacitación, los sistemas de seguridad para prevenir robos, la cooperación con investigaciones y otras prácticas vinculadas con la seguridad pública.
El Department of Procurement Services deberá establecer procedimientos para revisar periódicamente el cumplimiento de los estándares por parte de contratistas y subcontratistas. La ciudad no estará obligada a celebrar, renovar o extender contratos con empresas que representen un riesgo de incumplimiento normativo o conducta ilegal.