El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley destinados a fortalecer la recaudación de impuestos, combatir el fraude fiscal y agilizar la recuperación de deudas con el Estado.
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley con el que pretende fortalecer la recaudación de impuestos, combatir distintas modalidades de fraude fiscal y hacer más eficiente la recuperación de recursos adeudados al Estado.
El viceministro de Hacienda, Victor Julio Carvajal, explicó que las iniciativas forman parte de una reforma fiscal enfocada en cerrar portillos utilizados para la evasión de impuestos y mejorar los mecanismos con los que cuenta la administración tributaria para hacer cumplir las obligaciones fiscales.
La primera propuesta está dirigida al impuesto que pagan los cigarrillos. Según explicó el jerarca, la intención es eliminar la denominada “base mínima impositiva”, un mecanismo que actualmente toma como referencia el precio de la cajetilla de cigarrillos de mayor venta en el país para calcular el impuesto que deben cancelar otros productos del mercado.
De acuerdo con Hacienda, este esquema provoca que incluso las cajetillas de menor precio terminen tributando con base en el valor del producto de referencia, lo que en algunos casos genera cargas tributarias que superan el 400% del costo original de la cajetilla.
El viceministro sostuvo que esa diferencia entre el costo del producto y la carga impositiva ha convertido el contrabando de cigarrillos en una actividad altamente rentable para las organizaciones dedicadas al comercio ilegal. Como ejemplo, recordó un operativo realizado la semana anterior en el que las autoridades decomisaron 28 millones de cigarrillos. Según los cálculos de Hacienda, únicamente por concepto de impuestos dejados de pagar, el perjuicio para el Estado superó los tres millones de dólares.
La segunda iniciativa se concentra en el combate de las llamadas facturas falsas, un mecanismo que, según datos del Ministerio de Hacienda, ya supera los ¢700,000 millones (USD 1.56 mil millones) en montos facturados. El viceministro aclaró que no se trata de documentos falsificados, sino de facturas electrónicas que cumplen con todos los requisitos tecnológicos y son validadas por el sistema de Hacienda, pero que no corresponden a una transacción económica real entre las partes.
El objetivo de estas operaciones simuladas, explicó, es permitir que los contribuyentes que reciben esas facturas apliquen créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los que no tienen derecho y, además, registren gastos inexistentes que afectan el cálculo del impuesto sobre la renta.
Para Hacienda, este tipo de prácticas representa una afectación directa a las finanzas públicas, ya que disminuye la recaudación mediante mecanismos de evasión sustentados en documentación aparentemente válida. Como parte del proyecto, el Ministerio propone facultar a la administración tributaria para bloquear durante cinco años del sistema de facturación electrónica a las empresas que sean detectadas realizando transacciones simuladas o comercializando este tipo de comprobantes. La medida también contempla que ese bloqueo pueda aplicarse de forma inmediata como una medida cautelar mientras avanzan los procedimientos administrativos correspondientes, con el propósito de impedir que continúe la emisión de facturas utilizadas para cometer fraude tributario.
El tercer proyecto de ley busca modificar el esquema de cobro judicial establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el fin de acelerar la recuperación de las deudas pendientes con el Estado. Actualmente, explicó el viceministro, la Oficina de Apremio Tributario debe acudir al Poder Judicial para presentar las demandas necesarias antes de solicitar embargos sobre bienes de los contribuyentes morosos.
La propuesta plantea que, una vez agotadas todas las etapas de apelación —incluyendo el Tribunal Fiscal Administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa— y cuando la deuda ya sea líquida y exigible, funcionarios especialmente designados por el Ministerio de Hacienda puedan ejecutar directamente diversas actuaciones administrativas. Entre esas facultades se incluyen realizar anotaciones registrales y efectuar notificaciones sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial, lo que permitiría reducir tiempos y agilizar significativamente la recuperación de recursos para el Estado.
Con este paquete de proyectos, Hacienda apuesta por modernizar herramientas de fiscalización, fortalecer el combate contra la evasión y el fraude tributario, y hacer más eficiente la gestión de cobro de las obligaciones fiscales, en momentos en que el Gobierno busca incrementar la efectividad de la recaudación sin recurrir a la creación de nuevos impuestos. Los proyectos presentados entrarán a la agenda Legislativa para ser votados en el plenario, por los 57 diputados.