El Ejecutivo nacional recurrirá la norma madrileña al considerar que invade competencias exclusivas del Estado, tras el dictamen del Consejo de Estado que aprecia motivos de inconstitucionalidad.
El Gobierno ha decidido recurrir la ley de acción popular de la Comunidad de Madrid al considerar que «invade competencias exclusivas» del Estado y después de que el dictamen del Consejo de Estado aprecia «motivos suficientes de inconstitucionalidad».
Según han informado desde el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, se llevará este asunto al Tribunal Constitucional porque, aunque solo el Estado puede regular el ejercicio de la acción popular, la norma madrileña «amplía esa legitimación sin cobertura legal, compromete la igualdad procesal y altera la unidad del sistema penal».
En su justificación, ha expuesto que la Comunidad no puede ampliar la acción popular mediante una ley autonómica que «amplía indebidamente» el ejercicio de la misma y concede a la Comunidad de Madrid «una legitimación que la legislación estatal no contempla».
«Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular cuando protegen a una víctima concreta e identificable, la ley madrileña lo hace respecto de delitos con bienes jurídicos colectivos –medio ambiente, patrimonio histórico, desórdenes públicos–, sin víctima individualizada», han justificado desde el Gobierno.
Consideran que ello supone una «ampliación unilateral» del régimen procesal, por lo que existe «riesgo para la igualdad procesal» ya que la aplicación de la ley podría «generar desigualdades entre ciudadanos sometidos a distintos procesos penales».
Además, han indicado que el recurso contra la Ley 1/2026 para el ejercicio de la acción popular en determinados ámbitos se presenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado y el Gobierno solicita la suspensión de la norma, mediante el artículo 161.2 de la Constitución, «evitando que durante la tramitación del recurso existan procedimientos penales con reglas distintas según el territorio».
«Permitir que cada comunidad autónoma determine nuevos supuestos de acción popular fragmentaría el sistema procesal español y alteraría un elemento esencial del proceso penal reservado al legislador estatal», han explicado.
Desde el Gobierno regional señalaron en su momento que esta nueva legislación buscaba «reforzar la protección» de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial relevancia, y se venía a sumar a las causas de violencia contra la mujer y de terrorismo.
En su defensa de la ley, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, reivindicó que la Comunidad no es una administración «indolente que se va a quedar de brazos cruzados» contra aquellos que promueven ataques. «Actuar en estos casos no es una opción, sino que es una obligación para preservar nuestra identidad, nuestra memoria y el orgullo como región», defendió en la Asamblea.