El equipo jurídico del presidente electo de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por un contrato de asesoría de más de 21.108 millones de pesos adjudicado a la firma Gesycobro SAS por la filial Cenit de Ecopetrol.
El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por un contrato de asesoría jurídica adjudicado por la filial Cenit de Ecopetrol a la firma Gesycobro SAS. El monto del contrato superó los 21.108 millones de pesos.
Según el abogado Germán Calderón España, líder del equipo dorado anticorrupción del proceso de empalme, la denuncia señala presuntas irregularidades en la adjudicación. Calderón España afirmó que se habrían detectado posibles delitos relacionados con la celebración del contrato.
La denuncia apunta a supuestas relaciones políticas entre miembros de la firma beneficiada y Jorge Edilson Murcia, quien se desempeñó como vicepresidente jurídico de Cenit y previamente fue representante a la Cámara por el Huila. La controversia se centra en la presunta ausencia de idoneidad de la firma adjudicataria y en la sospecha de vínculos políticos que, de acuerdo con los denunciantes, influyeron en el proceso de selección.
Calderón España declaró que la denuncia está respaldada por contratos, informes de auditoría forense, reportes de prensa y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República. “Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló el abogado.
El documento presentado destaca que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta, regulada bajo un régimen especial como entidad adscrita a Ecopetrol. Esta característica implicaría consecuencias específicas en materia penal, disciplinaria y fiscal para los responsables de la gestión contractual.
La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre el caso. El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella sostiene que los hallazgos presentados constituyen una muestra de la labor de auditoría forense impulsada durante el proceso de empalme.
“El 11 de julio de 2004, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) emitió una advertencia ordinaria al gestor fiscal consistente en un estudio sectorial para lo minero-energético. En ella, se identificaron cuatro (4) riesgos: (i) el de una baja significativa en los ingresos de la Nación; (ii) el impacto fiscal que la mitigación de costos a través de subsidios tendría; (iii) el de la disminución de la inversión extranjera directa (IED) en el país y (iv) incrementando el déficit del PTEC”, señala la denuncia.
Además, el equipo de empalme presentó otra denuncia por un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientado a la adquisición y entrega de predios dentro del programa de Reforma Agraria. El valor del acuerdo asciende a 500.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya habría sido desembolsado. Según el informe, la ejecución material sería inexistente, ya que la obligación principal era entregar los bienes debidamente escriturados y, hasta el momento, “no existe escritura alguna”.
El Equipo Dorado Anticorrupción considera que este tipo de irregularidades debe ser investigado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Las pruebas incluyen documentos contractuales, análisis forense y reportes oficiales, con el objetivo de que las autoridades determinen responsabilidades y tomen medidas.