Según un informe de la consultora 1816, la morosidad en créditos a familias llegó al 12,7% en mayo de 2026, el nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad, con casi 7 millones de personas excluidas del sistema crediticio formal.
La morosidad en los créditos a las familias alcanzó en mayo de 2026 un récord del 12,7%, según un informe de la consultora 1816. Se trató del decimonoveno mes consecutivo de suba y del nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad.
Casi 7 millones de personas ya se encontraron excluidas del sistema crediticio formal, y el fenómeno golpeó con particular intensidad a los menores de 35 años: casi cuatro de cada 10 de quienes mantuvieron préstamos activos registraron al menos una obligación en mora, ya sea en bancos o en entidades no financieras.
El dato no fue un accidente aislado. Reflejó un desajuste estructural entre la expansión del crédito que se produjo entre 2024 y la primera mitad de 2025 y la capacidad real de repago de los hogares, en un contexto de salarios reales deprimidos y tasas de interés elevadas.
Durante la fase más dura del ajuste, muchas familias utilizaron el crédito al consumo -préstamos personales y tarjetas- como un mecanismo de sostén del gasto cotidiano. El crédito funcionó según varios analistas, como un “ingreso complementario temporal”. Pero cuando la inflación comenzó a descender de manera sostenida, las cuotas fijas dejaron de licuarse y su peso real sobre los ingresos aumentó de forma marcada.
Estudios como los de la consultora Qaly mostraron que el principal predictor estadístico de la morosidad actual no fue la inflación del momento ni el nivel de actividad, sino el nivel de endeudamiento de seis meses antes. En otras palabras, el riesgo acumulado se armó cuando las familias tomaron compromisos que, con el correr del tiempo y la estabilización de precios, resultaron insostenibles.
El punto más delicado fue la distribución etaria. Entre los menores de 35 años con créditos vigentes, la mora rozó el 40% y superó el 42% en el tramo de 18 a 25 años. Varias razones explicaron este patrón: ingresos más volátiles, mayor propensión al consumo presente, baja experiencia en gestión de deudas y acceso al crédito más fácil por parte de fintechs.
Argentina presentó niveles elevados de analfabetismo financiero. Diversos estudios situaron la proporción de personas con conocimientos básicos de finanzas insuficientes en torno al 70% o más, con brechas especialmente pronunciadas entre los jóvenes.
Ante este escenario, los bancos públicos comenzaron a desplegar herramientas de refinanciación. El Banco Nación lanzó líneas de consolidación de deudas con plazos de hasta 120 meses y montos de hasta $100 millones, con una tasa del 10% anual + UVA. El Banco Provincia mejoró su programa “Ponete al día” con tasas reducidas y plazos extendidos. Otras entidades provinciales, como el Banco de Santa Fe, también ofrecieron opciones de reordenamiento de deudas.
Para que la tasa de morosidad comience a descender de forma sostenida se necesitaron varias condiciones simultáneas: recuperación del salario real, crecimiento del crédito total más rápido que el stock de deuda en mora, reducción de las tasas reales activas, mayor inclusión de educación financiera y políticas de crédito responsable.