El Gobierno de España ha contabilizado 900.000 solicitudes de regularización de personas extranjeras, a 15 días de que finalice el plazo para presentar las peticiones, fijado para el 30 de junio. De ese total, 360.000 han sido admitidas a trámite.
El Gobierno de España ha contabilizado 900.000 solicitudes de personas extranjeras interesadas en regularizar su situación en el país, cuando faltan dos semanas para que termine el plazo para presentar estas peticiones, fijado para el 30 de junio. Esta cifra marca un nuevo récord respecto a procesos de regularización anteriores, según informó el diario El País.
De esas 900.000 solicitudes presentadas, cerca de 360.000 ya han sido admitidas a trámite, según indicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que llamó a completar las solicitudes para que “nadie se quede fuera” del proceso.
Sin embargo, las entidades sociales colaboradoras de Extranjería que asisten a las personas migrantes en la tramitación de sus solicitudes para acceder al permiso de residencia y trabajo han señalado la existencia de “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” desde el inicio del proceso a mediados de abril.
Para personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, la obtención del certificado de antecedentes penales, requisito indispensable para la solicitud, ha resultado particularmente compleja. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera, según el movimiento Regularización Ya. Otros solicitantes también han enfrentado dificultades en los servicios sociales de los ayuntamientos para obtener el certificado de vulnerabilidad, exigido a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo.
Regularización Ya también señaló que el aislamiento de ciertos trabajadores migrantes, como jornaleros e internas en el servicio doméstico, complica aún más su acceso al proceso. “Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días. Si además esa trabajadora está enferma o no llegan los hijos de la persona que está cuidando, no puede salir de la casa, con lo cual no puede tramitar la documentación necesaria”, explicó a Infobae Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA.
Las trabajadoras internas también tienen problemas para acreditar los cinco meses de residencia continuada que exige el proceso, además de demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2015. “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa. Nos ha llegado el caso de una mujer que solamente necesita una prueba de residencia de un mes, pero no puede aportarla porque durante ese mes no pudo salir de la casa donde trabaja”, indicó Cabrera.
Las organizaciones sociales han solicitado una extensión del plazo más allá del 30 de junio, aunque el Ejecutivo mantiene esa fecha como último día para presentar las solicitudes. Regularización Ya registró, a través de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG, una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para pedir al Gobierno que facilite la legalización de documentos y que se asigne automáticamente una cita para la toma de huellas con la resolución. También reclamaron que se paralicen las deportaciones de personas en proceso de regularización, una petición a la que se sumó el 1 de junio el Defensor del Pueblo.
(Con información de la agencia EFE)