El jefe de Gabinete aún no presentó su declaración jurada de 2025 ante la Oficina Anticorrupción. Especialistas analizan qué información podría contener y sus limitaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El presidente Javier Milei afirmó el 6 de mayo que Manuel Adorni tenía listos los números para presentar su declaración jurada de 2025. Sin embargo, pasadas más de tres semanas, el jefe de Gabinete aún no entregó el documento a la Oficina Anticorrupción (OA). Allí debería detallar el origen de los fondos para la compra del departamento en Caballito, la evolución de sus deudas, ingresos y gastos, y otros cambios patrimoniales al cierre del año pasado. Según fuentes consultadas, el documento no responderá a todas las preguntas de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Una fuente con experiencia en la OA señaló que las declaraciones juradas funcionan como una base para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo declarado esté correcto, en cuanto a la totalidad de bienes, deudas, gastos e ingresos, ni si los importes son los correctos”, indicó.
Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Explicó que ese delito se comete cuando un funcionario tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos”. “No se comprueba solo con la falta de justificación. El funcionario debe poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta para defenderse”, sostuvo.
En la causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca determinar el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. Según registros judiciales, se acreditaron gastos por un total de US$408.662 y deudas por US$335.000, a los que se suman $85 millones en consumos de tarjeta de crédito durante 2025.
La próxima declaración jurada se insertará en ese contexto. Puede aportar indicios sobre hechos ocurridos en 2025: el origen de los US$30.000 para la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa operación, el supuesto acuerdo por US$65.000 declarado por el hijo de una de las financistas, posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y el importe de las reformas en la casa del country Indio Cua, que según el contratista Matías Tabar ascendió a US$245.000.
La declaración jurada tiene limitaciones temporales: se circunscribe a lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No incluye pagos como los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año, que sumaron alrededor de US$13.000.
Las fuentes advirtieron sobre posibles omisiones. El 25 de marzo, Adorni afirmó en conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. No obstante, en abril agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua, comprada en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la OA.
La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe incluir bienes inmuebles y mejoras, bienes muebles registrables, depósitos, créditos, efectivo, inversiones, deudas, ingresos y egresos anuales. Gran parte de esa información se completa en una tabla de cinco columnas: tipo, descripción, origen de fondos, titularidad e importe.
La última declaración jurada de Adorni, correspondiente a 2024, muestra que concluyó ese año con dos inmuebles (uno en CABA y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, US$42.500 en efectivo, US$6.220,23 en el exterior, un saldo a favor en ARCA de $2.001.060,69 y bienes del hogar por $3,6 millones. También declaró cuatro deudas por $95,4 millones, dos de ellas hipotecarias. Las acreedoras, una mujer retirada de la Policía Federal y su hija, declararon en sede judicial que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de la testimonial les debían US$70.000 y que la cancelación total incluye intereses.
La compra del departamento en Caballito, por US$230.000 en noviembre de 2025, debería aparecer en la nueva declaración. Las vendedoras, dos jubiladas, financiaron la operación con una hipoteca de US$200.000. Los US$30.000 restantes fueron pagados. En la causa, Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas, declaró que acordó con Adorni un pago adicional de US$65.000 por fuera de la escritura. “Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la OA.
Las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener lugar en la declaración. El contratista Matías Tabar sostuvo que los gastos fueron de US$245.000. La fuente de la OA explicó que las mejoras pueden declararse como “mejoras del inmueble” o incluirse en el valor total de la propiedad. El especialista en compliance indicó que también pueden aparecer en la línea de gastos, si las operaciones fueron realizadas por Adorni. Si fueron encaradas por Angeletti, podrían estar en el anexo reservado.