Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla cómo directivos de la aerolínea Plus Ultra accedieron a ayudas públicas por 53 millones de euros y planearon obstruir la investigación judicial.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaboró un informe al que accedió Infobae que reconstruye el proceso mediante el cual los directivos de la aerolínea Plus Ultra obtuvieron ayudas públicas destinadas a paliar los efectos de la pandemia de covid-19 en el sector aéreo. La compañía, investigada por la Audiencia Nacional, recibió los fondos «fuera de los cauces legalmente establecidos» en dos pagos: uno de 19 millones de euros y otro de 34 millones, totalizando 53 millones de euros. El segundo tramo fue bloqueado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid durante la investigación.
El informe revela una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y su abogado Miguel Palomero. En ella, Palomero afirmó que al día siguiente preguntaría «de la juez del 15, cómo es» porque «la instrucción es muy importante» y subrayó que «la fiscal jefa es amiga» y que «hay que cortar esto». Reyes respondió «Absolutamente» y sugirió contactar a Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Palomero concluyó: «Hay que hacer un Kitchen Gabinet».
Según el informe, Reyes y Palomero fueron los ideólogos del contacto con el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para acelerar el rescate. En marzo de 2020, Reyes preguntó a Palomero qué se le ocurría «a nivel político» para acceder a las ayudas. «Tocamos a Ábalos», respondió Palomero. En diciembre de ese año, Palomero volvió a mencionar el uso de la Justicia: «Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionario jeje».
El contexto se volvió conflictivo en mayo de 2021, cuando el segundo lote de 34 millones fue congelado. «Hay que cortar esto», indicó Palomero a Reyes. Luego consultaron al abogado de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena, sobre cómo proceder con la Justicia.
La UDEF detalla un esquema de empresas offshore y filiales internacionales cuyo objetivo era dificultar el seguimiento de los fondos que beneficiaron a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar. Se incautaron comunicaciones, correos electrónicos y movimientos bancarios que muestran la articulación de la red con entidades políticas y financieras.
Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, figura como administrador de múltiples sociedades en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. Según el auto de imputación del juez José Luis Calama, Martínez gestionó 39 sociedades entre 2020 y 2024, de las cuales 20 permanecen inactivas. La policía detectó que las cuentas en el extranjero recibían ingresos del núcleo comercial investigado.
Las investigaciones apuntan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de la red. «Esta red organizada estaría liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero», señala el escrito. Sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, figuran como administradoras de WhaTheFav, entidad que percibió al menos 239.755 euros desde Análisis Relevante S.L., transferencias superiores a 561.000 euros de Inteligencia Prospectiva, y montos de Gate Center y Thinking Heads.
La documentación presentada a Hacienda y en el entorno bancario se basaba en contratos y facturas generados por la red, sin contraprestaciones reales. El informe revisa expedientes que muestran una vía recurrente para blanquear fondos mediante contratos falsos, facturación simulada, triangulación de pagos y enmiendas a conceptos en facturas. La red utilizaba administradores formales que actuaban como testaferros para dar apariencia de legalidad.