La disputa entre el Ejecutivo y las casas de estudio superiores continúa sin acuerdo, con la Corte Suprema como posible árbitro.
Buenos Aires, 14 de mayo – La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades se mantiene sin resolución. Tras la masiva movilización, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, prepara una convocatoria a rectores para analizar la situación de los hospitales universitarios.
“La idea es conformar la comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida Hospitales Universitarios”, indicó una fuente a la agencia NA.
En el Poder Ejecutivo se mantiene la intención de insistir con una propuesta salarial que no coincide con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei.
Por fallos judiciales que obligan al Gobierno a cumplir la normativa, se diseñó un proyecto que adapta la ley y establece una recuperación del 12% segmentado en tres trimestres, con incrementos del 4,1% sobre el sueldo de diciembre de 2025 en marzo, julio y septiembre.
Desde Casa Rosada sostienen que la propuesta incluye una actualización automática del presupuesto de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual, y un aumento de $80.072.460.000 para la asistencia financiera de hospitales universitarios. Será la base de negociación.
Las autoridades universitarias, que aún no recibieron la convocatoria formal del Ministerio de Capital Humano, rechazan la oferta por considerarla insuficiente y piden retomar la negociación paritaria con los gremios. Reclaman una recomposición salarial desde 2023, actualización de gastos de funcionamiento y becas. “Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo”, señalaron.
“Queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza”, expresó un interlocutor.
En el marco de la movilización del miércoles pasado, el Ejecutivo instrumentó una reducción de $78.768 millones del presupuesto, que se suma al reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
En Casa Rosada señalan al Ministerio de Economía como responsable de la escalada del conflicto por no habilitar fondos. Desde la UBA atribuyen la demora a la interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Una autoridad universitaria sostiene que el consultor alcanzó un acuerdo en enero que fue “congelado” por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para evitar que el primero se anote un triunfo. Desde la Cámara de Diputados rechazan el planteo y aseguran que el oficialismo no contaba con los apoyos legislativos.