El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. incorpora reconocimiento facial, huellas digitales y análisis de redes sociales para rastrear a personas bajo investigación, según un informe del Wall Street Journal.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha sumado herramientas biométricas como reconocimiento facial y huellas digitales a sus operativos cotidianos. Según informó The Wall Street Journal, esta red incluye datos comerciales de ubicación captados por cámaras en patrullas, puentes y estacionamientos privados.
La herramienta permite a los agentes federales establecer patrones de conducta y localizar domicilios de personas bajo investigación, reduciendo en algunos casos la necesidad de vigilancia física constante. La integración de estos datos facilita la identificación de vehículos asociados con individuos que tienen órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales.
El programa Alternatives to Detention (ATD) ahora depende de la aplicación SmartLink, que exige que los usuarios se tomen fotografías para validar su identidad mediante algoritmos de comparación facial. Además, los agentes analizan la actividad en plataformas sociales para verificar vínculos familiares, laborales o posibles riesgos a la seguridad pública.
Según el reporte, el ICE accede a registros de servicios públicos, como facturas de agua o electricidad, para confirmar paraderos exactos en estados que limitan la cooperación directa con las autoridades migratorias. Los contratos vigentes con compañías como Palantir Technologies y Cellebrite revelan cómo se procesa información de fuentes públicas y privadas para generar alertas automáticas.
Las cifras muestran que el gasto en vigilancia basada en la nube y licencias de software especializado aumentó sustancialmente en el último trienio, con aproximadamente 2.800 millones de dólares en contratos con empresas de tecnología y datos. El ICE justifica este presupuesto argumentando que son un método más humano y eficiente de control frente a los centros de detención física.
El reportaje también documenta que estas capacidades incluyen datos de ciudadanos estadounidenses, no solo de personas sin estatus migratorio legal. Casos legales en curso señalan el uso de datos personales en investigaciones sin órdenes judiciales claras, lo que ha derivado en demandas por posibles violaciones constitucionales.