Ante el incumplimiento del gobierno nacional en el pago a prestadores, la provincia de Córdoba asignó fondos de emergencia para sostener a más de 300 organizaciones no gubernamentales que atienden a personas con discapacidad.
La provincia de Córdoba destinó 2.000 millones de pesos de emergencia para sostener a más de 300 organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de discapacidad y están al borde del cierre por el incumplimiento del gobierno nacional. Liliana Montero, Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, lo anunció en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) y fue categórica: «El gobierno nacional ha hecho del abandono sistemático en la discapacidad una forma de exterminio social».
Los fondos surgen de una reconversión de partidas del programa Córdoba Sostiene y se suman a los 130.000 millones de pesos que la provincia ejecutó en 2025 en políticas de discapacidad. El dinero apunta a evitar el cierre inmediato de fundaciones y asociaciones que, según Montero, son en muchos casos el único sistema de atención disponible en el interior provincial.
Montero explicó el origen de la decisión: hace 15 días el gobernador Llaryora recibió a representantes de 20 instituciones que le plantearon que estaban a punto de cerrar. «El gobernador anunció una emergencia de 450 millones casi de emergencia alimentaria para estas instituciones. Cuando terminó la reunión me dice: ‘Mira, no va a alcanzar esto'», relató la ministra. Tras estudiar las partidas con Finanzas, la decisión final fue destinar 2.000 millones: «El gobernador dispuso estos fondos para que literalmente no cierren frente al incumplimiento de la ley nacional que sancionó dos veces el Congreso, no una vez, dos veces».
La ministra fue enfática en enmarcar la decisión como ética y no meramente administrativa: «No es una decisión administrativa. Es una decisión ética frente a este abandono sistemático que toma forma de exterminio social que hace el gobierno nacional». Montero advirtió que el esfuerzo provincial tiene un techo. En el censo 2022 había en Córdoba 1.302.000 personas sin cobertura social. Hoy ese número trepó a 1.700.000. «Eso cae al sistema público de salud como efecto de la caída del empleo y de que la clase media que pagaba una prepaga hoy no la puede pagar», explicó. Y sumó otro dato revelador: «El sector que retira medicamentos de los hospitales públicos, hoy está en el top 10 las personas que tienen cobertura de PAMI. ¿Por qué? Porque PAMI se ha retraído».
Sobre el equilibrio fiscal que pregona el gobierno nacional, Montero usó una analogía directa: «Es como en una casa donde uno dice ‘yo tengo que ahorrar’ y entonces no paga la luz, no paga el gas, no manda los chicos al colegio. Claro, a fin de mes tiene superávit. Eso es lo que hace el gobierno nacional».
Montero denunció que el programa Incluir Salud —que cubre a pensionados con discapacidad sin obra social— acumula una deuda importante con los prestadores. Relató el caso de una mujer de una organización de Arroyito que se le acercó llorando: «Me decía ‘estoy por cerrar’. Es la única institución entre San Francisco y Córdoba, 120 personas con discapacidad, desde octubre que no le paga Incluir Salud». Y trazó un patrón que ya había señalado la semana anterior en relación al PAMI: «Cada vez que hay un reclamo, ellos descubren un fraude. Salimos por las vacunas, aparecen las vacunas. Salimos a decir que Incluir Salud no paga, ojalá empiece a pagar. Pero acá el único fraude que se descubrió hasta ahora es el de ANDIS, que todavía se está investigando».
La ministra aclaró que Córdoba no recibió en dos años ningún aporte extraordinario del Tesoro Nacional más allá de la coparticipación que le corresponde por ley. «El esfuerzo que la provincia hace es de rentas generales, porque este es un fondo especial. La decisión que toma el gobernador es no tocarlo para no salirse del objetivo que es incluir laboralmente a las personas con discapacidad», explicó Montero, en referencia al fondo de 4.500 millones que el año pasado destinó el 72% a proyectos de inclusión laboral. Y cerró con una advertencia política: «Córdoba está diciendo: nosotros hemos parado algunas obras públicas que pensábamos hacer porque no nos alcanza para sostener la cuestión social. Hay un límite, porque hay un límite en la responsabilidad del Estado. La función del Estado nacional es tan responsable como la del Estado provincial».