El presidente Javier Milei fijó una meta ambiciosa: duplicar la producción de granos. Expertos analizan si es factible y qué rol debe jugar el Estado en la mejora de los suelos.
En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo, el presidente Javier Milei afirmó que Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble de los volúmenes actuales. La declaración generó debate entre los actores del sector: ¿es posible lograrlo?
La respuesta no es simple, pero especialistas coinciden en que se puede apuntar a una mayor producción. La meta sería alcanzable, pero exige mucho más que eliminar los Derechos de Exportación (DEX). Se necesita una nueva visión que va más allá de la política fiscal.
La clave está en modificar la aptitud productiva de millones de hectáreas que hoy tienen limitaciones corregibles en el suelo. Esa corrección, en su dimensión más estructural, no puede quedar librada exclusivamente al mercado ni al productor individual: requiere también del Estado.
La capacidad de uso de los suelos es un diagnóstico, no un veredicto. Desde el inicio de la agricultura, el hombre ha logrado corregir limitaciones en los suelos. Los ingenieros agrónomos trabajan con el sistema de clasificación de Klingebiel y Montgomery (USDA, 1961), que organiza los suelos en ocho clases según sus limitaciones permanentes o riesgos. Esta clasificación describe lo que el suelo es en condiciones naturales, no lo que puede llegar a ser con intervención técnica adecuada.
Millones de hectáreas en la Pampa húmeda o el Chaco tienen radiación solar, período libre de heladas y pluviometría adecuados para ser excelentes suelos agrícolas, pero pueden tener limitantes como anegamiento, salinidad o alcalinidad. Estas restricciones son inherentes al proceso de formación de esos suelos, pero no son inmodificables. Sin embargo, requieren inversión y planificación.
Un ejemplo frustrante son las décadas sin avances en el saneamiento del río Salado, que permitiría realizar obras secundarias para garantizar el drenaje de millones de hectáreas valiosas. Existen soluciones técnicas como el drenaje subsuperficial: la instalación de drenes enterrados a 0,8 y 1,5 metros de profundidad reduce el nivel freático, airea el perfil, extiende la ventana de siembra y habilita el tráfico de maquinaria en condiciones antes impracticables. Un suelo con limitaciones de drenaje, una vez corregido, puede comportarse productivamente como un suelo de mejor clase.
Pero el drenaje agrícola eficaz no es solo una obra parcelaria. Requiere colectores, canales principales, obras de regulación y descarga que atraviesan propiedades, cruzan caminos y desembocan en cuencas compartidas. Ningún productor, por más capitalizado que esté, puede resolver por sí solo una red de drenaje que involucra cientos de miles de hectáreas y cuestiones legales que trascienden las propiedades. Por definición, son obras de infraestructura pública.
El Estado provincial y nacional tienen un rol indelegable: planificar las cuencas hídricas, financiar los colectores troncales, establecer marcos regulatorios para la evacuación de excedentes y coordinar a los actores privados que realizarán las obras parcelarias. El modelo no es estatismo sino articulación: el Estado diseña y sostiene la infraestructura de base; el productor y el sector privado completan la red a escala predial.
Otro caso paradigmático es el de los suelos alcalinos o sódicos, frecuentes en la depresión del Salado, Santiago del Estero, zonas del noroeste pampeano y varios valles irrigados del oeste argentino. La corrección es técnicamente viable y agronómicamente consolidada. La aplicación de yeso agrícola (sulfato de calcio) se utiliza a gran escala en Brasil. Regiones como el norte de México o el Valle del Ebro en España han recuperado suelos sódicos a través de programas sistemáticos, transformando tierras marginales en campos aptos para horticultura, cultivos forrajeros y producción extensiva.
Brasil, que nos interpela día a día con sus producciones, si se hubiese quedado enfrascado en las limitantes de sus suelos, jamás hubiese logrado lo que hoy tiene. La meta de 300 millones de toneladas enunciada por el presidente no es un delirio técnico. Es un horizonte que la edafología, la ingeniería y la agronomía avalan como alcanzable, aunque con plazos que se miden en décadas, no en campañas.