El Gobierno nacional modificó la normativa de protección de glaciares, delegando en las provincias la decisión sobre qué áreas periglaciares quedan exceptuadas de la explotación minera.
El nuevo marco legal sobre glaciares establece que las provincias tendrán la potestad de determinar qué zonas periglaciares serán protegidas y cuáles podrán ser explotadas. La norma exceptúa únicamente aquellas áreas que puedan acreditar un “aporte hídrico relevante y comprobable”.
Esta modificación implica un cambio significativo en la política de protección ambiental, ya que hasta ahora existían restricciones más amplias para la actividad minera en estas zonas. Desde el sector minero, se mostraron conformes con la medida, mientras que organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por el posible impacto en los recursos hídricos.
La decisión final quedará en manos de cada provincia, que deberá evaluar y certificar la relevancia hídrica de cada área periglaciar antes de autorizar cualquier proyecto de explotación.