Especialistas y provincias advierten sobre la eliminación del presupuesto mínimo garantizado y una posible restricción en el acceso a tratamientos, en un contexto de alta demanda.
El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, ha generado un amplio debate y críticas desde diversos sectores. Especialistas, asociaciones y autoridades provinciales expresan su preocupación por los cambios propuestos en materia de financiamiento, internaciones y criterios de atención.
Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, señaló en declaraciones radiales que la iniciativa podría ser «regresiva». Uno de los puntos más cuestionados es el financiamiento. La ley vigente establece que el Estado debe destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental, mientras que el nuevo proyecto elimina esa obligación específica. «Eso significa directamente eliminar el presupuesto destinado a salud mental», afirmó Trimboli.
El debate se da en un contexto de aumento sostenido de consultas por problemáticas de salud mental. Otro cambio central afecta a las internaciones involuntarias. La reforma propone elevar el requisito de «riesgo cierto e inminente» a «riesgo grave para la vida y la integridad física», lo que, según algunos especialistas, podría dificultar la intervención temprana. Además, exigiría que la internación sea firmada inicialmente por un médico psiquiatra, generando potenciales demoras en regiones con falta de profesionales.
También se modifica el concepto de cobertura. La ley actual garantiza atención a personas con «padecimiento mental», una categoría amplia. El proyecto la reemplazaría por la clasificación de trastornos psiquiátricos del CIE-11, lo que, según los críticos, limitaría el acceso a quienes tengan diagnósticos formales, dejando fuera casos como crisis emocionales o duelos.
Según informó Trimboli, 18 provincias han manifestado su oposición al proyecto tras una reunión con autoridades nacionales. Mientras el texto comienza su tratamiento legislativo, los sectores críticos iniciaron gestiones con diputados y senadores para modificar la iniciativa.