La administración nacional concentra esfuerzos en la designación de magistrados, una jugada de alto impacto político que genera tensiones dentro del propio oficialismo y con sectores del Poder Judicial.
El Gobierno nacional ha puesto un foco estratégico en el nombramiento de cientos de jueces a lo largo del país, un proceso que consume gran parte de la atención de la administración. Esta iniciativa es considerada una de las batallas políticas centrales del inicio del año 2026.
Según fuentes del Ejecutivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está profundamente involucrada en este tema, lo que ha llevado a una pausa en ciertas tensiones internas, como las que involucraban al ministro de Economía, Santiago Caputo, y áreas bajo su órbita.
Para liderar esta estrategia judicial, el Gobierno designó a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. Mahiques, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es visto como un interlocutor clave para mejorar el diálogo con el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
Sin embargo, la administración se ha encontrado con desafíos inesperados. Algunas causas judiciales sensibles para el oficialismo, como las vinculadas a la criptomoneda $Libra y a declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recayeron en jueces de un sector distinto al de Mahiques, como Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo. Este último fue un candidato respaldado por sectores de la Corte y del Gobierno para integrar el máximo tribunal.
La situación genera un complejo escenario de negociaciones. Mientras Mahiques prometió ocuparse del frente judicial, figuras como Lijo manejan causas que afectan a funcionarios y tienen influencia sobre otros magistrados. Según analistas, el Gobierno debe definir en qué actores apoyarse para avanzar en sus objetivos dentro del Poder Judicial.
El resultado de esta estrategia, que busca consolidar una influencia duradera a través de las designaciones, aún está por definirse y es seguido de cerca por los actores políticos.