Municipios de la provincia de Buenos Aires aplican un recargo sobre el combustible, un tributo que genera discusiones por su posible doble imposición y efectos en la economía.
En varios municipios de la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se aplica un recargo sobre el precio del combustible conocido como «tasa vial». Este tributo, que oscila entre el 2% y el 3%, tiene como objetivo declarado financiar el mantenimiento de la red vial local.
Sin embargo, su implementación ha generado un debate jurídico y económico. Desde el ámbito legal, se cuestiona si configura una doble imposición, ya que los combustibles ya están gravados por impuestos nacionales como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que es coparticipado con las provincias. El Ministerio de Economía de la Nación ha llevado el caso a la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora, argumentando posibles conflictos con la Ley de Coparticipación Federal.
Expertos en derecho tributario señalan que, para ser válida, una tasa debe corresponder a un servicio concreto y efectivo prestado al contribuyente, un principio establecido por la Corte Suprema. Esto pone en duda la fundamentación del cobro al momento de cargar combustible.
En el plano económico, el recargo se traslada directamente al precio final, impactando en los costos del transporte, la producción y el costo de vida en general. Algunos municipios, como Tres de Febrero, San Isidro, Esteban Echeverría, Pinamar y Vicente López, han optado por no aplicar o eliminar esta tasa.
El debate continúa abierto, analizando el equilibrio entre la necesidad de financiamiento municipal y los principios de un sistema tributario claro y sin superposiciones.