La Justicia argentina dio un giro inesperado en uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años: la Causa Vialidad. El juez en lo Civil y Comercial Federal, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso civil que reclamaba a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros condenados un resarcimiento de $22.300 millones por obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no fueron concluidas.
Esta decisión judicial a favor de Cristina Kirchner desató una fuerte reacción del Gobierno nacional, que ya anunció que apelará el fallo ante la Cámara correspondiente. La caducidad de instancia es una figura jurídica que se aplica cuando una causa judicial no es impulsada por las partes durante un período determinado.
En este caso, el juez Dos Santos consideró que la Dirección Nacional de Vialidad, que había iniciado la demanda civil en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, no impulsó el expediente durante seis meses, lo que habilitó el pedido de caducidad presentado por la defensa de Cristina Kirchner.
El magistrado explicó que la caducidad no busca castigar la negligencia de las partes, sino evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en resguardo de la seguridad jurídica y la buena administración de justicia.
En su resolución, Dos Santos declaró que “se ha cumplido el plazo de seis meses prescripto por el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y ordenó el cierre del expediente, con costas a la parte actora vencida.
La defensa de la exmandataria, a cargo del abogado Luis Goldin, argumentó que no hubo avances procesales desde el 19 de octubre de 2023, y que la Dirección Nacional de Vialidad no cumplió con la digitalización del escrito de demanda, requisito indispensable para continuar con el trámite.
Planteos
Además, sostuvo que el expediente estuvo trabado por conflictos de competencia entre el fuero civil y el penal, lo que contribuyó a la inactividad. Goldin presentó dos pedidos de caducidad: uno en septiembre de 2023 y otro en abril de 2025. El juez evaluó ambos planteos y concluyó que, descontando la feria judicial de invierno, el plazo de inactividad se había cumplido, lo que justificaba el cierre del proceso.
La demanda civil iniciada por el Estado reclamaba a Cristina Kirchner y a otros condenados el 50% del valor de las obras adjudicadas a Lázaro Báez que no se terminaron, lo que representaba un perjuicio económico de $22.300 millones. Esta cifra fue calculada en base a pericias oficiales que detectaron sobreprecios y obras inconclusas en al menos tres de cinco rutas adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.
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