La estafa del presidente, llevada adelante con la promoción de la criptomoneda $LIBRA, continúa generándole dolores de cabeza al gobierno. En esta ocasión, los hermanos Milei fueron citados a una mediación prejudicial.
Tanto la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como el presidente, Javier Milei, fueron citados para el próximo 15 mayo a una mediación prejudicial. Esta instancia se da como proceso previo a la demanda por daños y perjuicios preparada por el especialista en criptomonedas, Martín Romeo, en la cual también anotan su firma 25 inversores de otras partes del mundo que se vieron perjudicados por esta estafa. La mediación buscará conseguir un resarcimiento económico. En total, se buscaría recuperar unos U$S 4,5 millones, cifra que representa la perdido por todos los afectados.
El proceso de mediación se realizaría por medio de una videollamada por zoom, donde los Milei no tienen la obligación de presentarse, ya que tienen la posibilidad de enviar un representante. Los hermanos no son los únicos funcionarios afectados en este llamado, sino que también se encuentran en la nómina de la mediación el ex asesor de la Comisión de Valores, Sergio Morales y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Además, en esta videollamada se harán presentes damnificados de Estados Unidos, Turquía, Chile, México, España, Reino Unido, Francia, Bielorrusia, Bosnia, Colombia, Líbano y Nepal.
En paralelo a este llamado de mediación, la causa comenzó a cambiar de manos. La Cámara Federal de San Martín dispuso que el expediente de la causa de la criptomoneda pase de las manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado y termine en las de María Romilda Servini. Esta última tendrá que encargarse de determinar el pedido del fiscal Taiano, quien pide levantar el secreto bancario de la dupla Milei.
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La investigación de la estafa en Diputados
Por otra parte, el Poder Legislativo, a pesar de todas sus limitaciones, se continúa moviendo para hacer avanzar en la investigación dentro de la Cámara de Diputados. Si bien, luego de todos los anuncios que ha hecho el gobierno en relación al nuevo acuerdo con el FMI y el fin del cepo cambiario, cuestiones a las que han intentado mostrarlas como victorias, en la Cámara Baja continúan anotándose golpes que figuran como derrotas.
Sumado a la caída de los pliegos de los jueces García Mansilla y Lijo, el pasado 8 de abril, en una sesión especial de Diputados, se consiguió la votación positiva para la puesta en marcha de una comisión investigadora para este caso. Además de que se aprobaron los pedidos de informes y las interpelaciones a los funcionarios.
El proyecto votado para la creación de la comisión fue el presentado por el diputado Pablo Juliano, perteneciente al bloque Democracia para Siempre. Esta propuesta fue aprobada por el voto positivo de 128 legisladores de la Cámara Baja y tendría fecha de inicio el próximo 23 de abril.
Si bien, es positiva la posibilidad de que se investigue al presidente y a todos los responsables de esta estafa, el proyecto presentado cuenta con demasiadas limitaciones para poder actuar de manera integral y que se castigue a los culpables. La comisión podrá pedir informes, declaraciones testimoniales, peritajes y contar con colaboración de organismos internacionales. Es decir, que la comisión tendrá las facultades para reunir información y elaborar un informe, pero no dispondrá con la posibilidad accionar judicialmente.
El proceso de investigación se extenderá por el periodo de tres meses y estará formada por 26 diputados, de los cuales; seis serán de Unión por la Patria; cuatro del nuevo interbloque del PRO; cuatro de La Libertad Avanza; tres de la UCR; dos de Democracia para Siempre; dos de Encuentro Federal; dos de la Coalición Cívica; dos de Innovación Federal; y uno sólo del Frente de Izquierda.
En la misma sesión especial donde se voto por la creación de esta comisión, también se consiguió el pedido de interpelación a funcionarios y la elaboración de un pedido de informe al Poder Ejecutivo.
El pedido de interpelación tiene fecha, y el próximo 22 de abril iniciaría el desfile de funcionarios dentro de la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva son los citados a declarar en la Cámara Baja. A contramano del camino que estaría tomando la justicia con el llamado a mediación, en este pedido de interpelación, Adorni y Karina Milei quedarían fuera de este proceso.
En relación a la elaboración de un informe escrito, el poder Ejecutivo deberá responder a un cuestionario de más de 60 preguntas relacionadas al escándalo $LIBRA. Tendrán que ser respondidas las cuestiones sobre los encuentros con los empresarios en la Rosada, las relaciones con los empresarios involucrados y demás temas relacionados al funcionamiento de esta criptomoneda. La particularidad de este proceso es que carece de fecha de respuesta por parte del Ejecutivo.
El pasado 14 de abril se cumplieron dos meses del Libragate y todavía no hay consecuencias sobre los responsables de esta estafa. Tanto el poder judicial, como el legislativo se encuentran plagados de limitaciones para ir a fondo en la investigación de este caso, sobre todo si vemos que el comportamiento de estos poderes durante la gestión de Milei han profundizado todos sus vicios.
En paralelo, mientras no recae ninguna consecuencia para los perpetradores de este robo, el gobierno continúa construyendo otra estafa para el pueblo de la mano del FMI, el empresariado y el gobierno estadounidense. Un escenario que continúa acumulando elementos para explicar porque Milei y todo su gobierno se tienen que ir.