El panorama judicial de Elián «L-Gante» Valenzuela vuelve a oscurecerse. A casi un año y medio de su detención en Moreno, el cantante enfrentaría una nueva investigación por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, en el marco de la causa N° 32370/2024, radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos. La acusación, impulsada por el fiscal federal Sebastián Basso, pone nuevamente al músico en el ojo de la tormenta judicial.
La denuncia, presentada hace cuarenta días por una fundación que trabaja en la recuperación de víctimas de trata, comenzó su curso en la PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos). Según se detalla en la causa, la investigación preliminar, encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano, arrojó elementos suficientes para redirigir el caso a la fiscalía federal de Morón.
El origen de esta imputación remite al 6 de junio de 2023, cuando la DDI de Moreno y la fiscalía de General Rodríguez, bajo la conducción del fiscal Leandro Ventricelli, llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda del cantante en Moreno. Según la denuncia, durante el operativo se habrían fraguado actas, ocultado pruebas clave y presentado documentación falsa para encubrir que dos menores de edad, identificadas como MJM y MCM, se encontraban en la habitación del músico al momento de la intervención.
L-Gante fue recientemente condenado por el Tribunal Federal en lo Criminal N° 3 a tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas y daños. Este antecedente agrava aún más su situación legal, sumado al temor por represalias que han expresado los denunciantes debido a las supuestas prácticas intimidatorias de su entorno, conocido como «La Mafilia».
Jorge Zonzini, manager de medios designado por los denunciantes, hizo énfasis en las irregularidades del operativo de junio de 2023, señalando que la connivencia entre policías y empleados judiciales podría llevar a la nulidad de aquel procedimiento. Entre las pruebas que podrían haberse ocultado figura un arma que nunca fue hallada, clave en una causa previa por privación ilegítima de la libertad que permitió al cantante evitar una pena mayor y la prisión efectiva.
Zonzini, sostuvo que que «la gravedad de la imputación nada tiene que ver con la idea clasista que se ha querido instalar sobre los orígenes del imputado. Es más, el mismo, tuvo sugestivamente un juez (Ndr: Ignacio Racca) que cuando lo condenó se dirigió a él con cierta admiración para colocarlo en un lugar de poder y ejemplo para sus seguidores infantojuveniles».
«Mi función profesional se remite a visibilizar un hecho puntual y romper las barreras de algo que se pareció y mucho a la materialización de un gran paraguas mediático sumado a supuestos operativos de distracción para la opinión pública con la aparición de culebrones con innumerables personajes de la farándula», concluyó.
por R.N.
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