El máximo tribunal confirmó la sentencia que obliga al Estado a entregar los datos desagregados por establecimiento educativo de las evaluaciones Aprender y Enseñar de 2016 y 2017, tras una acción de amparo iniciada por un padre en 2017.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno nacional entregar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar correspondientes a 2016 y 2017 desagregados por establecimiento educativo en Salta. La decisión, adoptada por mayoría y fechada el 19 de este mes, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que había revocado un fallo de primera instancia contrario al pedido.
La causa se inició en 2017, cuando Rafael Argañaraz Olivera, padre de una alumna de escuela primaria en Salta, solicitó al Ministerio de Educación de la Nación los reportes completos de las escuelas e instituciones formadoras de esa provincia que habían participado de las evaluaciones Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. Según declaró a LA NACION, buscaba «elementos objetivos» para comparar alternativas educativas para su hija.
El Ministerio respondió negativamente al pedido, argumentando que los datos tenían carácter confidencial y que su publicación podía afectar el secreto estadístico. El Estado ofrecía resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos establecimientos educativos en cada jurisdicción. Argañaraz Olivera consideró que esa respuesta no satisfacía su solicitud y presentó una acción de amparo.
La Justicia de primera instancia rechazó el planteo. Luego, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la sentencia y ordenó entregar los informes de todos los establecimientos que habían participado de las evaluaciones, con la condición de preservar los datos individuales de alumnos y docentes. El Gobierno nacional apeló esa decisión y llevó el expediente a la Corte Suprema.
En su fallo, la Corte Suprema estableció que el secreto estadístico no puede invocarse de manera genérica para restringir el acceso a información pública. Señaló que el Estado debía demostrar de manera concreta qué daño podía ocasionar la divulgación de los datos y que no bastaba con mencionar el riesgo de estigmatización o la posibilidad de que se establecieran comparaciones entre establecimientos. Asimismo, indicó que las evaluaciones educativas son instrumentos para el control social de las políticas públicas y que sus resultados permiten medir aprendizajes e identificar dificultades.
La decisión fue adoptada por mayoría, con la disidencia del vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien consideró que correspondía revocar la sentencia de Cámara y devolver el expediente para un nuevo pronunciamiento.
Argañaraz Olivera sostuvo: «Nos damos cuenta de que es un giro copernicano para los padres y los ciudadanos, porque permite controlar y colaborar». Además, expresó su agradecimiento a los jueces y a su abogado, Roque Rueda.
