El Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5 hizo lugar a un amparo por mora y ordenó al Ministerio de Salud que se expida en cinco días hábiles sobre una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) presentada en abril de 2024.
El juez Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5, hizo lugar a un amparo por mora y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que, en el plazo de cinco días hábiles, expida el acto administrativo correspondiente a una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
La demanda fue presentada por una mujer que había iniciado el trámite el 11 de abril de 2024 a través del sitio oficial del REPROCANN, con la documentación requerida y una prescripción médica. Según consta en el expediente, la solicitud quedó registrada pero permaneció en estado “pendiente de evaluación” sin que la autoridad administrativa emitiera una decisión.
Ante esa situación, la mujer recurrió a la Justicia mediante un amparo por mora para exigir que el Estado cumpliera con su obligación de responder.
Al analizar el caso, el juez Maraniello consideró acreditado que habían transcurrido más de dos años desde la presentación administrativa sin que existiera una resolución expresa ni una explicación concreta que justificara la demora. Además, advirtió que el Ministerio de Salud no había presentado el informe requerido durante el proceso judicial.
El magistrado recordó que el artículo 28 de la Ley 19.549 contempla la posibilidad de recurrir al amparo por mora cuando la Administración deja vencer los plazos legales o demora más allá de lo razonable en emitir una respuesta.
En uno de los puntos del fallo, la sentencia señaló que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que “deben decidirse todas las peticiones formuladas” y que, frente al derecho de petición garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, existe una obligación de la Administración de resolver expresamente.
“La falta de decisión, vencidos los plazos correspondientes, constituye una conducta irregular de la administración que perjudica al particular”, sostuvo el juez.
La orden fue dictada bajo apercibimiento. Sin embargo, el juez aclaró que la sentencia no significa que la mujer tenga garantizada la inscripción en el registro ni que la Justicia haya determinado que cumple con todos los requisitos para obtenerla. En ese sentido, precisó que la decisión “no importa reconocer a la actora un derecho automático a obtener la inscripción en el REPROCANN”, sino que se limita a exigir que la autoridad competente se pronuncie de manera fundada y conforme a la normativa vigente.
