En la primera de dos audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Argentina y Reino Unido presentaron sus posiciones sobre el pedido de medidas cautelares para frenar el inicio de la explotación petrolera Sea Lion al norte de las Islas Malvinas. La delegación británica citó declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno para sostener que el caso excede la competencia del tribunal.
En la primera de las dos audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Argentina y Reino Unido expusieron sus argumentos en relación con el eje de la controversia: el pedido de medidas cautelares para frenar el inicio del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino) al norte de las Islas Malvinas, hasta que un tribunal se expida eventualmente sobre el caso.
La delegación argentina, liderada por el embajador Mario Oyarzábal, centró su argumentación en el daño irreversible derivado de la explotación de recursos no renovables en una plataforma continental en disputa, y apeló a la competencia del tribunal ubicado en la ciudad alemana de Hamburgo. Asimismo, cuestionó la falta de experiencia de Navitas Petroleum, la empresa israelí a cargo de las perforaciones, que nunca operó un campo offshore en producción.
La representación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, comenzó su alegato pasadas las 11 de la mañana, hora argentina. La delegación que actuó «en nombre del monarca Carlos III» buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas. Para ello, citó declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, con el fin de convencer al Tribunal de que la cuestión de fondo no tiene relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y que, por tanto, se declare incompetente.
En su presentación, los abogados británicos mencionaron una frase que Milei pronunció en septiembre ante la Asamblea General de la ONU: «Una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos», en referencia a la inacción del organismo frente a la Cuestión Malvinas. La mención, ajena al fondo del caso, formó parte de la estrategia británica desplegada a lo largo de la tarde del martes 10 de noviembre.
Reeves también citó otra declaración del mandatario argentino realizada la semana pasada en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde reiteró el pedido argentino por Sea Lion e indicó que «estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».
La estrategia británica se desplegó en dos planos. En el jurídico, sostuvo que el pedido argentino es en realidad «un reclamo de soberanía territorial que escapa a su competencia». En el político, intentó presentar a la Argentina como un actor que busca «escalar políticamente» el conflicto, con las propias palabras de sus «más altos representantes». «Argentina busca escalar políticamente el caso», afirmó Reeves, y agregó: «Este tribunal no tiene poder para intervenir».
Durante la mañana, la delegación argentina había dejado la discusión sobre la soberanía fuera de su presentación. «Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», había advertido Oyarzábal, quien insistió en que «este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación».
El otro pilar del alegato británico fue la «autodeterminación» de los isleños, repetida a lo largo de toda la tarde. Según la postura británica, las medidas pedidas por la Argentina «tendrían consecuencias devastadoras» e impedirían a los habitantes de las islas «explotar los recursos naturales de su territorio, como tiene derecho a hacerlo conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación».
La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, de 1965, encuadró la Cuestión Malvinas como un caso particular de descolonización, distinto de aquellos en los que se consulta a la población, y llamó a ambos países a negociar teniendo en cuenta los «intereses» de los habitantes de las islas, no sus deseos. En 1985, la Asamblea rechazó las enmiendas británicas que buscaban incorporar el principio de libre determinación a sus resoluciones sobre Malvinas.
La respuesta argentina ya había sido anticipada por la mañana, cuando Oyarzábal citó el censo de 2021 de las islas, con 3142 residentes habituales, sostuvo que esos recursos «pertenecen al pueblo argentino» y aclaró que el país reconoce los intereses de los isleños, pero no que puedan definir a qué Estado pertenecen las islas.
Londres también cuestionó las motivaciones argentinas, al plantear que el país no se opone a la explotación en sí, sino que pretende «controlar esos recursos», e informó al tribunal que la perforación en Sea Lion comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028, un calendario con el que buscó discutir la «inminencia» que exige la Convención para dictar medidas provisionales. En el tramo final, la delegación británica respondió a los argumentos ambientales, con el planteo de que la Argentina invoca la obligación de proteger el medio marino sin precisar qué medidas concretas busca tomar.
Las audiencias continúan este miércoles 10 de noviembre con la segunda ronda, en la que la Argentina expondrá de 6.30 a 8 (hora argentina) y tendrá la oportunidad de responder a los planteos británicos, antes del cierre del Reino Unido, de 13.30 a 15. La decisión del tribunal se espera entre dos y cuatro semanas después.
Las audiencias están a cargo del juez camerunés Maurice Kamga. El Tribunal quedó completo el lunes pasado con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay. Vinuesa ocupa el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso.
Las audiencias se desarrollan en un contexto marcado por la visita de Ana, hermana del rey Carlos III, que desde este lunes y hasta el 20 de noviembre recorre las islas y las Georgias del Sur; por el inminente comienzo de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino que operará la chilena Easter Island Naviera; y por el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya tiene dictamen en el Congreso y el oficialismo busca llevar al recinto de Diputados en las próximas semanas.