La Secretaría de Presidencia anunció la mudanza de la Unidad Penal de Devoto con un operativo que trasladó a 1500 reclusos en tiempo récord. Familiares y agentes del Servicio Penitenciario Federal expresaron malestar por las condiciones y la falta de información sobre reasignaciones. Un funcionario renunció. El predio se destinará a espacio verde y desarrollo inmobiliario, en medio de un debate sobre el impacto urbano y social.
La Secretaría de Presidencia, flanqueada por personas enmascaradas, presentó la celebración por el traslado de la Unidad Penal de Devoto. El operativo, que se realizó en tiempo récord, trasladó a 1500 reclusos con lo puesto, en lugar de los 100 diarios acordados inicialmente. Según se informó, los detenidos no contaron con ropa ni medicamentos que, sujetos a escaneo, quedaron atrás. Familiares y agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) manifestaron malestar y señalaron que no saben dónde serán reasignados. Un funcionario renunció.
Por ley, el 65% del espacio vacante de la cárcel debe destinarse a espacio verde, lo que constituye un plus ambiental y apunta a una redistribución progresiva. Se prevé que ese espacio sea utilizado por personas sin opción privada, como clubes o countries. Los vecinos saludan la valorización del suelo y de un área de convivencia con la inseguridad y los ruidos. El 35% restante del terreno se destinará a edificios, y se debería compensar con crédito blando o alquiler social a los perjudicados.
El traslado se enmarca en un proyecto que, según el artículo original, pavimenta el camino para que desarrolladores extiendan el norte «chic» del antiguo barrio desde Plaza Arenales hacia el sur, del otro lado de la avenida Beiró, a expensas de inquilinos y comerciantes desplazados por la suba de la renta. El texto sostiene que esta producción urbana es especulativa y que, lejos de paliar el déficit de vivienda o alquiler, se realiza como renta para pocos. Además, se menciona su impacto ambiental, que aumentaría el gasto que se pretende combatir.
El artículo original compara este tipo de políticas con antecedentes históricos: durante el gobierno de Alfonsín se planteó el traslado de la Capital para descomprimir presión política, y la dictadura utilizó el eufemismo «deslocalización del conflicto social» con Cacciattore y «la topadora» sobre los hogares de más de 200000 personas. Se afirma que la ciudad neoliberal profundizó la desigualdad en los 90 y que el penal estuvo allí antes que Devoto, que pasó de cordón periurbano a área residencial.
El texto también cuestiona la relación directa entre pobreza y delincuencia: «la inmensa mayoría de pobres no delinquen, pero la inmensa mayoría detrás del muro es pobre». Y agrega que los reclusos son parte del barrio y de una sociedad que los rechaza. Se menciona que no se ha informado si se dará continuidad en la remota urbanidad al centro universitario y al de trabajo, que marcan una divisoria de aguas en las tasas de reincidencia. Tampoco se informó sobre el costo para familiares, empleados y docentes obligados a cambiar la accesibilidad del actual lugar por otro a 50 km.
Finalmente, se señala que la Legislatura y la ciudadanía deberán debatir para que el traslado no se convierta en un negocio que barra «lo feo sucio y malo» bajo la alfombra del conurbano, sin atacar aquello que lo genera.