Martín Romeo, inversor afectado, solicitó la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió al sobreseimiento de Javier Milei y otros diez imputados. Argumentó que no se le dio intervención y que el fiscal actuó como defensor de los sospechosos.
El inversor Martín Romeo presentó un pedido de nulidad absoluta del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió al sobreseimiento del presidente Javier Milei y de otras diez personas investigadas por presuntos delitos vinculados al lanzamiento y colapso de $LIBRA. La presentación fue realizada por Romeo por sí mismo y como apoderado de Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, a quienes identificó como pretensos querellantes.
Según el planteo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no otorgó a Romeo la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le reconoce la ley. Romeo sostuvo que el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor de los sospechosos en lugar de investigarlos.
El sobreseimiento fue dictado por Martínez de Giorgi el viernes pasado, al concluir que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal. La decisión benefició a Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Romeo argumentó que el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol esté bajo revisión. Afirmó que el juez no le dio intervención frente al pedido desincriminante del fiscal y solicitó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, en consecuencia, la del sobreseimiento. De manera subsidiaria, pidió que se revoque la decisión y se ordene continuar la investigación.
La situación procesal de Romeo se encuentra en disputa. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como querellante, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción de la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y declaró inadmisible un recurso de casación. Romeo presentó una queja ante la Casación Penal, que sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva facultades para intervenir.
Además del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y sostuvo que la investigación no se completó. Señaló que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que no se convocó a los testigos que había solicitado, entre ellos Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra. También objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas y que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) careciera de herramientas técnicas bajo licencia. Añadió que no se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, y que no se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.
Romeo también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración, cuando, según su presentación, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.
El inversor reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio a favor de los imputados y de manera aislada, en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó: la ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025; la anotación “Pago Javier kari” hallada en el teléfono de Novelli; la nota sobre el “acuerdo final” discutido con “H.”, que preveía pagos atados al apoyo presidencial; los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada; los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso; y la orden “Pero borra” que Novelli le envió a Terrones Godoy.
Romeo concluyó que el dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo, y sostuvo que el juez ejerció un control meramente aparente sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.
La primera apelación contra los sobreseimientos había sido presentada por el inversor Juan Patricio Marchetto, quien también solicitó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).