La Secretaría General de la Presidencia aceptó la renuncia de Osvaldo Javier Sosa como administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, con fecha 17 de septiembre, el mismo día en que se dispuso la reorganización de la quinta presidencial y el despido de una docena de trabajadores.
La Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, oficializó la salida de Osvaldo Javier Sosa como administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos a través de la Resolución 465/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma acepta la renuncia de Sosa a partir del 17 de septiembre.
Sosa había sido designado en el cargo por el Decreto 279/2024, a partir del 7 de marzo de ese año, dentro de la Administración de Servicios Generales de la Subsecretaría de Planificación General. Su designación, transitoria, se había prorrogado por última vez en junio de este año mediante la Resolución 233/26.
La resolución no detalla los motivos de la renuncia. Sí deja constancia de que, según las áreas técnicas, el exfuncionario no tiene cargos pendientes de rendición patrimonial ni registra deudas, y que la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios administrativos en trámite. Además, instruye a la Dirección General de Administración a pagarle la liquidación final.
La fecha que fija la resolución coincide con el día en que se dispuso la reorganización de Olivos. El 17 de septiembre, el Gobierno dispuso que la Casa Militar asumiera el control integral de la residencia, disolvió la estructura administrativa que conducía Sosa y despidió a 12 trabajadores de áreas como jardinería, administración y cocina, según denunció ATE. Los empleados se presentaron ese día a trabajar, no los dejaron ingresar y los enviaron a sus casas a esperar los telegramas.
Oficialmente, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad, en el marco de la próxima visita del papa León XIV, y trascendió que una investigación interna había detectado riesgos por filtraciones sobre la actividad del Presidente y su entorno. La Casa Militar, a cargo del general de brigada Sebastián Ibáñez, depende de la Secretaría General, y el traspaso de responsabilidades y bienes debe completarse en un plazo máximo de 60 días.
La salida de Sosa tuvo un efecto dominó en el entorno de Karina Milei. Tres días después renunció su cuñada, María Belén Agudiez, que era subsecretaria de Planificación General, el área de la que dependía la administración de la quinta. Agudiez era una de las colaboradoras de mayor confianza de la secretaria general y, según trascendió, había recomendado la incorporación de Sosa. En los últimos días fue reubicada en un puesto administrativo en el Correo Argentino.
En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue a Karina Milei, a Agudiez, a Sosa y a otras personas por presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la residencia. Según la denuncia, alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido desviados a un emprendimiento gastronómico privado vinculado a Sosa y su esposa. El Gobierno negó que Agudiez estuviera involucrada en irregularidades.