La fiscalía federal de Rosario solicitó elevar a juicio a Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, por supresión y alteración del estado civil de menores y falsedad ideológica de instrumento público. Está acusada de firmar certificados con datos falsos que permitieron inscribir como hijas biológicas a dos mujeres que buscaron reconstruir su verdadera identidad.
ROSARIO.- Por segunda vez en pocas semanas, una profesional que asistía partos en Rosario quedó en el centro de una causa por robo de identidad. La fiscalía federal pidió elevar a juicio el expediente contra Olga Concepción Artale de Silva, una médica obstetra de 87 años. Está acusada de firmar certificados con datos falsos que permitieron inscribir a dos niñas como hijas biológicas de familias que no eran las suyas. Su historia presenta similitudes con la de Dolly Viale de Garrido, otra obstetra investigada por presunta venta de bebés.
La acusación contra Artale de Silva es por supresión y alteración del estado civil de menores de 10 años y falsedad ideológica de instrumento público. El requerimiento fue presentado por la fiscal federal Soledad García, el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la abogada querellante Julia Giordano. El pedido se formalizó después de que quedara firme el procesamiento sin prisión preventiva que el juez federal Carlos Vera Barros dictó el 3 de agosto pasado.
La fiscalía aclaró que esta causa no tiene vínculo con la investigación contra Dolly Viale de Garrido. Esa partera, de 88 años, trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña y está imputada por separar bebés de sus madres y entregarlos a cambio de dinero entre 1968 y 1980. Sin embargo, los dos expedientes muestran un patrón similar: la firma de una profesional que convertía una entrega irregular en una partida de nacimiento con apariencia legal.
El caso contra Artale de Silva comenzó con las denuncias de Ana Carolina Alzugaray, en 2022, y de Romina Elisabet Lobos, en 2023. Ambas sabían que no eran hijas biológicas de quienes las habían criado.
Alzugaray creció en Maciel, una localidad santafesina, junto a Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Supo desde chica que no había nacido de ellos. Sin embargo, su partida de nacimiento dice otra cosa: la obstetra certificó que nació el 11 de junio de 1981 como hija biológica de ese matrimonio. Según su relato, su padre de crianza le contó que el contacto llegó a través de una hermana de la médica, conocida de Ceresole. También le dijo que la entregaron en una vivienda de calle Richieri al 2000, en Rosario.
Alzugaray llamó varias veces a la obstetra para intentar averiguar quién era su madre biológica. La médica le respondió que no recordaba nada y le pidió que no volviera a contactarla.
Durante casi 30 años de búsqueda, Alzugaray conoció a Romina Lobos. Lobos había descubierto en su adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida, la misma obstetra certificó un nacimiento ocurrido el 5 de agosto de 1982 con una filiación que no existía.
Según la investigación, en ambos casos Artale de Silva entregó a las familias un certificado de nacido vivo con su firma, y con ese documento las niñas fueron anotadas en el Registro Civil. Las muestras genéticas fueron tomadas por el Cuerpo Médico Legal de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y analizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los resultados descartaron cualquier vínculo biológico entre las dos mujeres y quienes figuraban como sus padres.
Cuando fue citada a indagatoria en mayo de 2025, la obstetra se negó a declarar. Argumentó que padecía “olvidos involuntarios” y un déficit cognitivo que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un golpe reciente.
Un primer informe del Gabinete Interdisciplinario de los tribunales federales concluyó que no estaba en condiciones de comprender el proceso. La querella cuestionó ese informe porque no establecía si el deterioro era transitorio o permanente. En marzo de 2026, un segundo examen determinó que presentaba un deterioro cognitivo leve y que estaba en condiciones de afrontar la causa. El 2 de julio declaró por el caso de Alzugaray y, un mes después, Vera Barros dictó su procesamiento.
En su resolución, el juez sostuvo que no se trataba de un simple error administrativo. Según el fallo, la médica utilizó de manera consciente un documento público para otorgar apariencia legal a una filiación falsa, con efectos permanentes sobre la identidad de las víctimas.
La fiscalía pide ahora colaboración para intentar localizar a las madres biológicas. En especial, convoca a mujeres que hayan dado a luz cerca del 11 de junio de 1981 o del 5 de agosto de 1982. Quienes tengan información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a [email protected].
Dolly, más complicada
Mientras tanto, la causa contra Dolly Viale de Garrido continúa sumando capítulos. Como reveló LA NACION, la primera denuncia fue presentada por Roberto Fargioni, quien descubrió mediante un análisis de ADN que había sido entregado a sus padres de crianza en 1978. Luego se sumó Silvina Garrido, hija de crianza de la propia partera, que también habría sido apropiada. Según declaró, en aquellos años un bebé costaba lo mismo que un departamento de un dormitorio.
En septiembre, el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz formalizó la imputación contra Dolly por la identidad de una mujer inscripta como nacida el 9 de enero de 1970. También rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa. La resolución fue apelada y el 1° de octubre los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte la confirmaron por unanimidad.
Para Pineda, todavía no existen elementos suficientes para determinar cuándo comenzó el delito y, por lo tanto, resulta prematuro discutir la prescripción. En una entrevista radial recordó que, según el criterio mayoritario de la Corte Suprema, la supresión de identidad constituye un delito permanente: continúa cometiéndose hasta que la víctima conoce su origen biológico y recién entonces comienza a correr el plazo de prescripción.
Vidal fue más allá. Describió la hipótesis fiscal como una práctica sistemática que pudo haberse extendido durante al menos 12 años y planteó que no puede darse por hecho que las madres hayan entregado voluntariamente a sus hijos. Si no hubiera sido así, advirtió, podría configurarse un caso de sustracción, retención y ocultamiento de menores, previsto en el artículo 146 del Código Penal, un delito más grave. “No se prescriben las calificaciones, sino los hechos”, sostuvo.
La Cámara también intervino en el expediente original de Fargioni, que continúa tramitándose bajo el viejo sistema procesal. Esa causa había pasado por el juzgado de Marcelo Bailaque y permaneció paralizada durante meses. Con los votos de Vidal y Pineda, la Cámara revocó la decisión de primera instancia y ordenó citar a Dolly a indagatoria, al considerar que existen elementos suficientes para sospechar que cometió el delito.
Desde que el caso tomó estado público, más de 60 personas se comunicaron con la fiscalía por dudas sobre su identidad. La Conadi informó además la existencia de otras siete partidas firmadas por Viale. La fiscal García tiene un año para completar la investigación. El primer paso será realizar pruebas de ADN para descartar vínculos biológicos con quienes figuran como padres. Recién después podrá sostener judicialmente que esos certificados fueron falsificados. “Esto para nosotros recién empieza”, afirmó.