Un análisis de datos del procurador municipal obtenidos por Los Angeles Times a través de una solicitud de acceso a la información pública revela que la ciudad desembolsó casi USD 480 millones para resolver litigios relacionados con la policía desde 2019. El punto más alto se alcanzó en 2024, con USD 178,6 millones.
Los Ángeles pagó casi USD 480 millones para resolver litigios relacionados con la policía desde 2019, según un análisis de datos del procurador municipal obtenidos por Los Angeles Times a través de una solicitud de acceso a la información pública.
La cifra, acumulada en siete años y medio, abarca desde casos de uso excesivo de la fuerza y accidentes de tránsito con agentes involucrados hasta demandas de empleados que denunciaron represalias dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Costos anuales duplicados entre 2019 y 2025
El punto más alto se alcanzó en 2024, cuando la ciudad desembolsó USD 178,6 millones para cerrar más de 300 demandas y reclamaciones civiles relacionadas con la policía. El costo anual más que se duplicó entre 2019 y 2025. En 2025, la cifra descendió a poco más de USD 100 millones.
Durante los primeros seis meses del año en curso, los pagos totalizaron USD 20,3 millones, según el análisis del diario, aunque varios veredictos recientes de alto valor no están incluidos porque aún no recibieron aprobación del Concejo Municipal.
El contralor municipal, Kenneth Mejia, advirtió que el aumento de los pagos por litigios compromete los recursos disponibles para servicios y obras públicas. “Hay una razón por la que sus semáforos están apagados y no se reparan durante un año, hay una razón por la que su acera no se arregla o sus refugios de animales tienen personal insuficiente”, dijo Mejia en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.
La oficina del contralor lleva adelante una auditoría sobre las estrategias de gestión de riesgos del municipio, cuyos resultados se publicarán este año.
Disparos policiales y accidentes de tránsito, las categorías de mayor gasto
El análisis del diario identificó las principales categorías de gasto. Los incidentes de tránsito protagonizados por agentes, incluidas colisiones por no ceder el paso, giros ilegales y persecuciones, generaron pagos por USD 125 millones desde 2019, lo que representa casi un cuarto del total.
Según el mismo análisis, los casos relacionados con disparos policiales acumularon USD 104,6 millones en ese período; más de tres cuartas partes de esos montos involucraron a personas que, al momento del incidente, se encontraban bajo efectos de alguna sustancia o atravesaban una crisis de salud mental. Los tiroteos en los que el afectado portaba un arma blanca, como un cuchillo, costaron USD 38,4 millones adicionales.
Algunos pasivos son anteriores al período analizado y persisten hasta la actualidad. La ciudad todavía paga USD 7.410 mensuales a Clarence Chance, a quien a principios de los años noventa se le reconoció una indemnización por un arresto injusto que lo mantuvo 17 años en prisión por un crimen que no cometió.
Otro caso de peso es la explosión accidental de fuegos artificiales decomisados en 2021, cuando la unidad de explosivos del LAPD detonó de forma incorrecta material confiscado y destruyó parte de un bloque residencial: ese episodio costó casi USD 40 millones.
Decenas de millones a agentes que demandaron por discriminación y represalias
Además de los litigios por conducta policial frente a civiles, las disputas internas también representaron un gasto considerable. Desde 2019, al menos 27 empleados del LAPD obtuvieron veredictos o acuerdos superiores al millón de dólares por casos de acoso sexual, discriminación racial y represalias. Muchos otros recibieron pagos de entre cinco y seis cifras.
Para contener los costos futuros, el departamento contrató el año pasado a un exfuncionario de rango superior, Arif Alikhan, con un salario mensual de USD 20.000 financiado por una donación privada, para estudiar cómo reducir la cantidad de demandas costosas.
El LAPD también mantiene un sistema de intervención temprana que señala a los agentes con mayor índice de quejas civiles, uso frecuente de la fuerza o antecedentes de colisiones evitables, para determinar si necesitan capacitación adicional o reasignación.
La procuradora, los “veredictos nucleares” y la gestión anterior como factores del alza
La procuradora municipal Hydee Feldstein Soto atribuyó el aumento de los costos tanto a la forma en que su oficina manejó los litigios antes de su gestión como a una tendencia legal nacional de los llamados “veredictos nucleares”, en los que los jurados emiten fallos de cifras extraordinariamente altas.
“El sistema se está inflando de una manera que no es saludable y que genera, creo, incentivos para demandar y para buscar acuerdos desproporcionados”, afirmó Feldstein Soto en una entrevista con Los Angeles Times publicada a principios de este año.
Los críticos de Feldstein Soto sostienen que adoptó una postura inflexible al negarse a llegar a acuerdos salvo en casos en que la derrota judicial parece inevitable, lo que derivó en veredictos adversos que podrían haberse evitado.
La oficina municipal, en una declaración enviada al diario, indicó que trabaja activamente para reducir los costos de los litigios “por todos los medios posibles”, aunque aclaró que no puede “controlar la cantidad, el momento ni los daños reclamados en las demandas presentadas contra la ciudad”. La misma declaración afirmó que el número de demandas creció cerca de un 20% en cada uno de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios.
Nueva York y Chicago, también con escalada de pagos por demandas policiales
El fenómeno no se limita a Los Ángeles. Una organización de defensa legal determinó este año que Nueva York pagó más de USD 796 millones desde 2019 para resolver demandas por conducta policial indebida, incluyendo USD 117 millones en 2025.
En Chicago, la ciudad está en camino de superar los USD 252 millones que destinó el año pasado a resolver litigios policiales, en su mayoría relacionados con personas encarceladas sobre la base de pruebas defectuosas, según medios locales.
Zachary Powell, profesor asociado de justicia criminal en California State University, San Bernardino, señaló que, pese a que los datos indican una reducción en el uso de la fuerza policial desde 2020, el público está “mucho más al tanto de los abusos y la conducta de la policía que antes”.
“Creo que la gente también hace muchas más preguntas en un jurado”, agregó en declaraciones recogidas por el diario. Powell también citó la aprobación de medidas estatales de rendición de cuentas policial y el vencimiento de casos represados durante la pandemia como factores adicionales.
Decenas de demandas permanecen pendientes, entre ellas reclamos por el manejo de las protestas masivas de apoyo a los inmigrantes registradas desde el año pasado. El abogado de derechos civiles Greg Yacoubian resumió el problema estructural con una observación directa: “La persona responsable del error nunca siente el impacto”, dado que los costos de los litigios recaen sobre los contribuyentes y no sobre los agentes involucrados en conductas indebidas ni sobre sus superiores.