La Cámara 3ª del Crimen con jurados populares resolvió por unanimidad una absolución y una condena por el ataque al Club Yapeyú, ocurrido el 9 de septiembre de 2023, en el que murió Gabriela Pérez. La sentencia dejó en pie una serie de elementos que marcan el curso de la investigación.
La Cámara 3ª del Crimen con jurados populares de Córdoba resolvió el viernes 9 de octubre, por unanimidad, una absolución y una condena tras un mes de debate por el ataque al Club Yapeyú, ocurrido el 9 de septiembre de 2023, en el que murió Gabriela Pérez, una joven empleada de limpieza.
Ese día, el secretario general del Soelsac (gremio de empleados de empresas de limpieza), Sergio Fittipaldi, ofreció un almuerzo a sus afiliados en el marco de la campaña electoral que desembocó en su reelección tres meses después.
Si bien se deben esperar los fundamentos de la sentencia, estos son los puntos que quedaron establecidos y los que continúan en investigación:
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Existó un ataque armado planificado. Hubo un tirador que deberá ser identificado porque se descartó que Gustavo Herrera fue quien descargó una balacera con una pistola 9mm.
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Los jueces entendieron que Walter “Petaca” Vallejos fue una pieza de ese engranaje. Lo condenaron a ocho años de prisión por ser partícipe secundario.
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Hay un prófugo, Luis Mendoza. Sería el conductor del vehículo que buscó y llevó al tirador al club y luego posibilitó la huida. ¿Dónde está? ¿Cómo puede mantenerse tres años en las sombras sin ser localizado?
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El Soelsac vivió ese año, en forma inédita, una campaña electoral violenta. Durante 20 años Fittipaldi no tuvo opositores. En 2023 apareció la lista disidente Más Soelsac, apoyada por Franco Saillén, dirigente del Surrbac, el sindicato de los recolectores. Recientemente fueron condenados por amenazas integrantes de las huestes de Sergio Fittipaldi.
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El día antes del almuerzo en Yapeyú, un grupo de hombres -serían gente de Saillén y Más Soelsac- lanzó improperios a la sede del Soelsac. Otro episodio violento.
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Horas previas al almuerzo, el 9 de septiembre, Hugo «Ciego» Cardozo -barra de Talleres- recientemente incorporado como inspector gremial del Soelsac, sufrió amenazas. Le advirtieron que no debía irse con Fittipaldi, sino permanecer con la gente de Saillén.
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La caja gremial del Soelsac resulta apetecible: se calcula en más de $1.100 millones por aportes de las y los trabajadores. Pero lo es más la distribución territorial. Los afiliados al Soelsac están presentes a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Córdoba. El gremio pesa por su poder territorial.
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La incorporación al Soelsac de barrabravas del Club Talleres como “inspectores gremiales” había reavivado la disputa por el “poder de la cancha”. Quedaron divididos entre quienes se fueron con Fittipaldi y quienes siguieron fieles a los Saillén del gremio Surrbac (recolectores de residuos). La pelea de fondo enfrentó a Hugo “Ciego” Cardozo y Federico Pacheco.
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La absolución a Gustavo Herrera no significa volver a foja cero. Los puntos que anteceden quedan en pie pero faltan piezas del rompecabezas.
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En la Fiscalía de Instrucción, a cargo de Silvana Fernández, hay otro expediente con una persona detenida y acusada por amenazas. Sería el “Gringo” Gómez, el hombre que habría enviado mensajes intimidantes a Cardozo, horas previas a la balacera mortal al Club Yapeyú. En esa pesquisa se intenta esclarecer la autoría intelectual: quién mandó a perpetrar el ataque.
Durante el juicio, Sergio Fittipaldi -querellante como secretario general del Soelsac- dijo sin medias tintas que Franco Saillén quería quedarse con el gremio por el poder territorial y para “ampliar la distribución de drogas”.
Inmediatamente, la fiscal subrogante de la Fiscalía Federal 1 de Córdoba, Virginia Miguel Carmona, resolvió citarlo para que explique las razones de su declaración ante el tribunal integrado con jurados populares en la Justicia Provincial.
Miguel Carmona dejó de subrogar la Fiscalía Federal 1 el 6 de octubre pasado. Asumirá como vocal del Tribunal Oral Federal de Catamarca. Por decisión del Procurador Eduardo Casal, quedó a cargo un magistrado de la Procuración Nacional, Gabriel González Da Silva hasta que se resuelva lo contrario o regrese su titular, Enrique Senestrari. Es decir que la continuidad de la pesquisa queda ahora en manos de un alto funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación que reside en Buenos Aires y alternará domicilio con Córdoba.
Si las afirmaciones de Fittipaldi ante el jurado tienen sustento probatorio, al violento episodio con el resultado fatal de una trabajadora muerta habría que sumarle un escenario más grave.
Dependerá del avance que logre la investigación en la Justicia Federal y de las pruebas que aporte Fittipaldi de su declaración.