El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría para el proyecto de ley de discapacidad del oficialismo, con 42 firmas a favor y 36 para el proyecto opositor que busca prorrogar la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre.
El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto de ley de discapacidad impulsado por La Libertad Avanza (LLA). El texto obtuvo 42 firmas a favor, mientras que el proyecto opositor, que propone prorrogar por un año más la Emergencia vigente hasta el 31 de diciembre, reunió 36 adhesiones.
El dictamen de mayoría fue respaldado por LLA, el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Elijo Catamarca e Independencia. El proyecto opositor contó con el apoyo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda.
La reunión se realizó luego de una negociación iniciada el martes a la noche, cuando Martín Menem convocó a los referentes de los bloques dialoguistas en el Salón de Honor para presentar un proyecto «superador». Según se consignó, el Presupuesto 2027, en su Capítulo VI, proponía eliminar la actualización automática del nomenclador y endurecer el acceso a las pensiones.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) estuvo a cargo de la exposición del nuevo texto y de parte de la negociación con los aliados. «No venimos a demonizar la emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia», declaró, y calificó al proyecto oficialista como «propuesta superadora» frente al kirchnerismo, al que acusó de «vivir en emergencia».
El dictamen final remite al artículo 7 bis de la Ley 24.901, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de movilidad atado al IPC. El Presupuesto 2027 había eliminado ese artículo.
El texto mantiene otros puntos: la pensión no contributiva queda en el 70% del haber mínimo jubilatorio (hoy la pensión ronda los $300.000 y el salario mínimo, los $380.000); es compatible con un empleo formal o monotributo si los ingresos no superan dos salarios mínimos vitales y móviles; y garantiza cobertura médica a través del Plan Incluir Salud. También fija que las partidas del área no podrán ser inferiores en términos reales a las del ejercicio anterior, ordena publicar un cronograma de pago para la deuda pendiente con los prestadores y crea un sistema de auditorías cruzadas con ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER.
Antes de la firma, los libertarios se reunieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La semana pasada, Patricia Bullrich y Diego Santilli habían discutido públicamente por el mismo tema.
El PRO acompañó el dictamen sin objeciones formales, pero publicó un comunicado en sus redes: «En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites», sostuvo el bloque de Cristian Ritondo, que venía exigiendo un cronograma de pagos a prestadores.
Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el giro oficialista de «contorsionismo» y advirtió que, si se aprueba una ley que elimina la emergencia, «ningún juez» le va a hacer lugar después a un reclamo de actualización o pago a una organización del sector.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, habló de un «recule en chancletas y vuelta carnero en el aire» y recordó que un día antes la Justicia había confirmado el procesamiento de 15 exfuncionarios de la ANDIS por corrupción.
El vicepresidente de la comisión, Juan Marino, vinculó el giro con la designación de Pablo Di Liscia -propuesto, según dijo, por Luis Caputo- al frente de la Secretaría de Discapacidad.
La diputada Silvana Giudici (LLA) cruzó al kirchnerismo por instalar que los diputados oficialistas «no iban a poder caminar por las calles» si votaban la ley, y les pidió «dejar de hacer apología de la violencia».
El radical Pablo Juliano resumió: «Todo lo que prometen en la comisión deberá verse reflejado en el recinto cuando se vote el Presupuesto 2027, son dos cosas que tienen que suceder a la vez».
El oficialismo se comprometió a retirar el Capítulo VI del Presupuesto 2027 antes de las reuniones informativas del 13 de octubre. No hay fecha para la sesión que convierta el dictamen en ley; los bloques opositores esperarán a que también avance en comisión el proyecto sobre morosidad familiar para llevar ambos temas juntos al recinto.