A través de un apoderado, la expresidenta pidió a la Justicia que se reliquide el beneficio restituido en agosto, se paguen montos desde abril y se anule el descuento del 20% aplicado por la Anses.
La expresidenta Cristina Kirchner presentó una impugnación judicial contra la liquidación de su pensión de privilegio restituida en agosto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A través de un apoderado, solicitó que se ordene la reliquidación del beneficio, el pago de montos retroactivos desde el 24 de abril de este año y la nulidad de la resolución que dispone un descuento del 20% sobre la prestación.
Según consta en la presentación, la Anses pagó en agosto una asignación por un valor bruto de $16.090.877,01, en cumplimiento de una medida cautelar dictada en febrero por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Ese fallo, con los votos de los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo, restituyó provisoriamente una de las dos asignaciones que Kirchner percibía hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.
El abogado Facundo Fernández Pastor, apoderado de Kirchner, sostuvo que la restitución debió incluir no solo la pensión de agosto, sino también los meses previos desde el 24 de abril, fecha en que quedó firme la cautelar al desestimarse un recurso extraordinario. Además, reclamó que la liquidación se realice conforme a la Acordada N° 20 de la Corte Suprema, que declaró inaplicable un artículo legal que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias.
La Anses había informado a la Justicia que aplicaría descuentos por obra social y Ganancias. En la primera liquidación, el aporte a la obra social se estimó en $952.860 y se restó un 20% ($3.218.175) por recupero de sumas percibidas indebidamente, según la resolución 343 firmada por el exdirector ejecutivo Fernando Bearzi. El monto neto habría rondado los $12 millones.
El apoderado de Kirchner calificó ese descuento como «una suma de dinero escandalosa» y argumentó que la resolución no fue notificada formalmente a la expresidenta ni a su abogado, y que el porcentaje resulta confiscatorio. La retención busca recuperar adicionales por zona austral cobrados durante años, por un total con intereses superior a $660 millones.
En el escrito, la defensa de Kirchner afirmó que «mi mandante tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a vivir en el departamento de San José», en referencia a la vivienda donde cumple prisión domiciliaria tras la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, confirmada por la Corte Suprema.
La restitución actual corresponde a una medida cautelar en el marco de un juicio iniciado por Kirchner para recuperar las prestaciones dadas de baja en noviembre de 2024. Contra esa cautelar hay dos recursos de queja ante la Corte Suprema presentados por la Anses y por el fiscal Juan Carlos Paulucci. La jueza Karina Alonso Candis había rechazado la medida en primera instancia, pero la cámara la concedió con fundamento en cuestiones alimentarias.
Los dos ingresos que percibe Kirchner (asignación por expresidenta y pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque no requieren requisitos de edad ni aportes. El cobro simultáneo de ambos beneficios tiene una causa judicial abierta con un recurso de queja ante la Corte presentado por Graciela Ocaña.