Un gerente del Banco Nación se negó a firmar un crédito por $52.600 millones para un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. La Justicia federal suspendió su traslado a Santa Fe. El beneficiario es una empresa vinculada a Mariano Jinkis, quien admitió sobornos en el caso FIFAgate.
La Casa Central del Banco Nación (BNA) promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. La beneficiaria es Jardines de Chauvin SA, una sociedad constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y con balance negativo, según consta en la documentación analizada por la auditoría interna del propio banco.
El gerente zonal Pablo Pourrere se negó por escrito a firmar el crédito. Seis días después, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia. El traslado quedó en suspenso por una medida cautelar concedida por el juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, quien consideró que la medida «prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas».
El magistrado tomó la decisión tras analizar las «múltiples inconsistencias», «groseras y de suma gravedad» denunciadas por Pourrere, las «deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental» del crédito detectadas por la auditoría interna del banco y las «presuntas presiones indebidas» para que firmara la financiación.
La empresa que debía recibir el crédito es Jardines de Chauvin SA, cuyo socio mayoritario es Mariano Jinkis, dueño del 90% de las acciones. Jinkis, junto a su padre Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos el 26 de agosto pasado que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015, en el marco de la investigación global FIFAgate. El acuerdo con el Departamento de Justicia contempla el pago de US$ 50 millones.
El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y garante solidario del emprendimiento, que prevé construir dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.
Según un informe de auditoría interna del banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos el 23 de enero de 2025 para que facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin. La entidad sostuvo ante la consulta de LA NACION que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.
El estudio de arquitectos, a cargo de la eventual construcción, afronta cuestionamientos por la construcción de otra torre de 35 pisos en la zona residencial bahía Varese de Mar del Plata. El proyecto obtuvo la aprobación del Concejo Deliberante pero quedó bajo revisión judicial.
Durante 2025, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron comunicaciones con los arquitectos y estimaron que el proyecto tenía «una factibilidad financiera favorable» y un crédito potencial por $35.600 millones, con «capacidad de repago consistente», según la documentación disponible.
El lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una «memoria descriptiva» del proyecto inmobiliario y le indicaron que «el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente».
El viernes 26, Pourrere planteó su primera objeción: «Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio». También alertó que en la documentación se consignaban obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, imposibles porque la sociedad se constituyó en 2024, y requirió una evaluadora externa.
La evaluadora Serinco SRL tasó el proyecto en US$35,6 millones, equivalentes a $52.638 millones al tipo de cambio vigente. Sin embargo, desde Buenos Aires remitieron un documento el 25 de febrero de este año en el que tomaron los dólares por pesos y consignaron que el proyecto costaría $35.600 millones. Ese mismo día emitieron una segunda acta con el monto correcto en pesos, pero no la enviaron a Mar del Plata durante semanas, como tampoco remitieron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertaba sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendaba un «criterio reforzado de debida diligencia».
El acta del 25 de febrero con el monto erróneo se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, con el monto correcto de $52.600 millones, recién el 19 de marzo. El informe de «debida diligencia» sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, llegó a Pourrere el 26 de marzo.
El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires le envió a Pourrere un «modelo de resolución» para que firmara el crédito. «Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, ‘capitas’, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes», plantearon desde «Área Central».
Pourrere se negó. En los días siguientes recibió el acta de los $35.600 millones, la corrección a $52.600 millones, el informe de «debida diligencia» y la orden de traslado a una sucursal de categoría inferior, que no había solicitado. La resolución, firmada por el directorio del BNA, estaba fechada el 20 de febrero, pero fue notificada 33 días después, el 25 de marzo.
La resolución también dispuso el traslado de otros dos empleados jerárquicos: a uno lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría y al otro lo mantuvieron en la categoría máxima. Ambos dieron su visto bueno. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno y fue descendido de nivel, aunque con la misma retribución.
Al día siguiente, Pourrere presentó su descargo. Rechazó el traslado, denunció presiones para que impulsara el crédito y alegó represalias por su negativa a validarlo. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.
Ante la consulta de LA NACION, el BNA defendió su proceder: «Las afirmaciones efectuadas por el Sr. Pourrere en torno a una supuesta vinculación entre su traslado y la tramitación de la solicitud de financiamiento de Jardines de Chauvin SA carecen de sustento fáctico y no se corresponden con la realidad de los hechos».
El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad sobre los que estaba al tanto desde hacía meses.
El 8 de junio, el informe de auditoría interno detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, e identificó «deficiencias» e «inconsistencias» en el procedimiento, «debilidades en la documentación de respaldo», «ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas» y «falta de documentación» que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata ni fue pedido por los desarrolladores, sino que lo inició Buenos Aires, lo que solo quedó autorizado mediante una reforma interna instrumentada el 29 de mayo, es decir, ex post.
Los auditores plantearon que el Banco corría el riesgo de «posible inadecuado otorgamiento de préstamo» y «eventuales pérdidas económicas para la institución», además de «posible riesgo reputacional», pero aclararon que ello «no invalida el proceso en su conjunto» porque era subsanable. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista, a 1300 kilómetros de Mar del Plata. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.
Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. Tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, el juez Bibel ordenó la cautelar. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, «lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas». Consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.
El BNA informó que facilitó toda la documentación interna requerida y sostuvo que de ese material «surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud».
«Del mismo modo, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta», agregó.
El BNA planteó que «la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada».