El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso un paquete de 29 medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici. La pesquisa se amplió para rastrear operaciones desde 2006.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó un conjunto de 29 medidas de prueba en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que investiga a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici. La decisión fue informada en un escrito judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el respaldo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano, solicitaron ampliar el período de investigación, que originalmente abarcaba de 2009 a 2023. El juez autorizó extender el rastreo a operaciones iniciadas en 2006. En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
Las medidas incluyen la solicitud de historiales de sueldos y domicilios a la ANSES y al RENAPER, pólizas de seguros, registros de propiedad de caballos de carrera, documentación de cuatro automóviles y de un departamento en Lomas de Zamora a nombre del ex intendente. También se ordenó levantar el secreto bancario de las cuentas en Argentina y Uruguay.
El juzgado dispuso la revisión de las comunicaciones telefónicas de Insaurralde, Cirio y Clérici desde 2009 hasta la actualidad, con el objetivo de elaborar un registro de contactos mediante llamadas, mensajes, uso de internet y geolocalización por antenas.
En relación a Sofía Clérici, el juez levantó la prohibición de salir del país y la restricción que le impedía alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización. Clérici obtuvo un sobreseimiento que se encuentra bajo revisión judicial.
Además, se dio prioridad al análisis de un pendrive aportado por la Fundación Apolo, que contendría archivos y videos donde se observaría a Cirio manipulando dinero en efectivo en la vivienda del country Fincas de San Vicente. El magistrado citó a declarar a los representantes de la entidad y ordenó un peritaje informático para verificar la autenticidad de las imágenes y la fecha de grabación. También se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue si el escribano que certificó una firma de Cirio en 2023 cumplió con las normas antilavado.
Las defensas de Insaurralde y Clérici se opusieron a la ampliación del período de investigación. El juzgado desestimó los planteos y continuó con el proceso.