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Cumple 32 años la Ley Pierri y una calle de Bariloche lleva su nombre

La provincia de Río Negro celebró los 32 años de la sanción de la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, con un acto en el que se impuso el nombre de su autor a una calle del barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche.

Con la presencia de su autor, Alberto Reinaldo Pierri, la provincia de Río Negro celebró los 32 años de la creación de la Ley Nacional 24.374, más conocida como “Ley Pierri”. Durante el acto, realizado en el barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche, se impuso el nombre de Pierri a la colectora paralela a la avenida Juan Herman, en el ingreso al barrio más grande de la ciudad.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés participaron del evento, según informó el diario El Cordillerano. La ceremonia se realizó luego de un acto de entrega de escrituras en el que 20 familias rionegrinas recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas de manos de Alberto Pierri.

La entrega de escrituras tuvo lugar el 7 de septiembre por la mañana en el salón BEC (España 415) de San Carlos de Bariloche. Durante el encuentro, el gobierno provincial entregó escrituras de posesión a beneficiarios que accedieron a la ley, que según se anunció “transformó la vida de miles de familias argentinas”.

El gobernador Weretilneck manifestó que la ley tiene impacto en Bariloche “a partir del compromiso de los municipios, el trabajo del Instituto de la Vivienda y el conocimiento que los vecinos”. Además, señaló que “si los vecinos aún no tienen su escritura, es importante que sepan que está la herramienta”.

Desde el año 2024, el gobierno provincial otorgó la titularidad de su vivienda a 456 familias que durante años las habitaron, “pero no pudieron completar el proceso de escrituración por razones económicas o administrativas”, según describió El Cordillerano.

Al ser consultado sobre si cambiaría algo de la ley 32 años después de su implementación, Alberto Pierri declaró: “Creo que las leyes tienen que aggiornarse de acuerdo a los tiempos y es muy posible una actualización. Se trata en el Senado justamente un proyecto para actualizarla, pero de las leyes lo más importante son los fundamentos, cuál es el sentido y si es viable y posible la práctica de la justicia social para los que más lo necesitan”.

Pierri también expresó: “Voy a ser sincero, después de 32 años, acá con mi nuevo amigo –refiriéndose al gobernador Alberto Weretilneck-, es la primera vez que alguien me ofrece una distinción, un homenaje”. Y agregó: “La verdad me sorprendió, muy agradecido y siendo que Bariloche está lejos de Buenos Aires, vine con mucho orgullo y agradecimiento que a 32 años Alberto se haya acordado de mí”.

“Cuando se pasa por la política se tienen que hacer balances, qué se le deja a la gente y esto para mí es fundamental, dejarle esto a miles de familias que pueden tener ese derecho, es un acto de justicia social”, mencionó.

El intendente Walter Cortés agradeció la presencia de Pierri y señaló que la ley “le da dignidad y sentido de pertenencia a la gente, el punto final de un momento crucial, cuando la gente ya es propietaria”.

Río Negro adhirió a la normativa nacional mediante la Ley Provincial 3.396. La reglamentación provincial se puso en marcha en 2017, con el IPPV como autoridad de aplicación. La familia Cejas fue la primera en acceder a la escritura y en esta ocasión también recibió un reconocimiento, al igual que la primera escribana que la entregó.

La Ley Pierri fue sancionada el 7 de septiembre de 1994 y promulgada parcialmente el 22 de septiembre del mismo año. La medida creó un régimen de excepción administrativa para regularizar la propiedad de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente de sectores vulnerables. El objetivo fue “desjudicializar la usurpación”, evitar los juicios de prescripción adquisitiva, proveer seguridad jurídica a poseedores de buena fe y garantizar la gratuidad del trámite con un aporte social del 1% de la valuación fiscal del inmueble.

El proyecto de ley fue redactado y presentado por Alberto Reinaldo Pierri, quien se desempeñaba como Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Bloque Justicialista). El proyecto ingresó formalmente con el respaldo del Bloque de Diputados Justicialistas y, durante el debate parlamentario de 1994, sumó aportes de juristas de la oposición, como el diputado radical Fernando López de Zavalía. Se aprobó con consenso interpartidario.

El programa “Cada Familia en su Lote” fue una iniciativa territorial lanzada a principios de la década de 1990 en la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, y se articuló con la Ley Pierri. En su primera etapa se inscribieron más de 200.000 familias. La denominación fue re-adoptada por diversos municipios y gestiones provinciales.

El procedimiento de la Ley Pierri se estructura en dos pasos: solicitud y prueba de posesión de más de tres años, y relevamiento e inserción de escribano regularizador. En la inscripción del acta de regularización se verifica la posesión pacífica y, de no haber oposición fundada, el escribano confecciona e inscribe el Acta de Regularización Dominial. Transcurridos 10 años desde la inscripción sin oposiciones, la propiedad se convierte en dominio perfecto y definitivo, según la Ley 25.797 de 2003. Las fechas límite de posesión fueron prorrogadas mediante las Leyes 26.493 y 27.118.

Más de 15 jurisdicciones sancionaron normas provinciales de aplicación de la Ley Pierri, entre ellas Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Misiones y Entre Ríos.

La confluencia de firmantes de varios partidos políticos incluyó a Alberto Reinaldo Pierri (PJ), Oscar Alende (Partido Intransigente), Alberto Balestrini (PJ), Juan Pablo Baylac (UCR), Eduardo Camaño (PJ), Juan Carlos Maqueda (PJ), Juan Manuel Valcárcel (PJ) e Ignacio Durañona y Vedia (UCEDE).

El impacto de la ley se sintetiza en la desjudicialización del derecho a la propiedad, la seguridad jurídica para los poseedores, la integración urbana y su vigencia como política de Estado transversal durante más de tres décadas.

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