El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por los despidos de 1.200 trabajadores en plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida establece la reincorporación del personal mientras duren las negociaciones.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que afecta a Granja Tres Arroyos y Wade. La resolución alcanza a 1.200 trabajadores despedidos en distintas plantas y establece que deberán ser reincorporados mientras continúen las negociaciones.
La medida regirá durante 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco. Durante ese período, las empresas deberán reincorporar al personal cesante y las partes tendrán que abstenerse de adoptar medidas que profundicen el conflicto.
La decisión fue adoptada después de una audiencia encabezada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, de la que participaron representantes de las empresas y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). Según detalló la cartera laboral, los despidos afectan a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.
En el encuentro también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá hacerse efectivo durante la próxima semana. Además de Correa, participaron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.
La próxima audiencia fue convocada para el jueves, cuando volverán a encontrarse funcionarios, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
El conflicto laboral se desarrolla en medio de una delicada situación económica de la compañía. Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por 350,9 millones de dólares, que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago de siete años, la incorporación de inversores y la venta de activos.
En paralelo, la Justicia ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Joaquín y Elba De Grazia, accionistas del grupo, y dictó una inhibición general de bienes contra Avex y otras cinco personas. La avícola también acumula cuatro pedidos de quiebra y distintas ejecuciones iniciadas por sus acreedores.
La crisis ya había provocado cierres, suspensiones y reducción de operaciones en varias unidades productivas. La planta de Capitán Sarmiento interrumpió sus actividades desde el 31 de agosto, mientras que también se registraron conflictos en establecimientos de Tristán Suárez, Pilar, Río Cuarto y Concepción del Uruguay.