La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad mediante la resolución 2775/2026, publicada este lunes 24 de agosto. El incremento es del 2,1% para el mes de agosto y se calcula según el IPC de julio.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dispuso un aumento del 2,1% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue oficializada mediante la resolución 2775/2026, publicada en la madrugada de este lunes 24 de agosto.
El incremento corresponde al mes de agosto y se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según el texto de la resolución, el aumento se aplica “sin diferencia por tipo de prestación”.
La normativa establece: “Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de agosto del año en curso, consistente en un incremento del DOS CON DIEZ POR CIENTO (2,10 %), sin diferencia por tipo de prestación, que obra en el ANEXO (IF-2026-78275421-APN-SSRCYP#MS), que forma parte integrante de la presente medida, y calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 2227/2026 de esta Secretaría Nacional de Discapacidad”.
Además, la resolución reconoce “un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.
Según datos de la Fundación Tejido Urbano, en Argentina hay 1.684.727 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que equivale al 3,69% de la población. El 27% de ellas vive en condiciones de hacinamiento y el 7,8% en hacinamiento crítico (más de 3 personas por ambiente). El 6,9% reside en hogares sin servicios esenciales como luz, agua o gas. El 26,5% de los hogares donde vive una persona con discapacidad requiere reformas o arreglos vinculados a su condición, pero solo el 50,2% logró implementarlos. El 33,7% de las personas con discapacidad habita en barrios con calles de tierra, lo que dificulta su desplazamiento y acceso a transporte y espacios públicos.