Un análisis de economistas estatales estima que la propuesta de Ron DeSantis para ampliar la exención de impuestos a la propiedad en Florida podría reducir los ingresos de gobiernos locales en casi 12.000 millones de dólares anuales para 2031.
El plan del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para reducir los impuestos a la propiedad podría generar una pérdida de casi 12.000 millones de dólares anuales para los gobiernos locales para 2031, según un análisis de economistas estatales citado por Tampa Bay Times. La iniciativa, que se someterá a votación en noviembre, busca ampliar la protección constitucional para viviendas principales mediante una expansión de la exención homestead.
La propuesta, conocida como Amendment 3, permitiría que los propietarios elegibles reciban hasta 250.000 dólares de exención sobre impuestos no escolares, con aplicación gradual desde 2027, según Fox Business. El argumento de DeSantis es que Florida necesita aliviar a los propietarios en medio del aumento del costo de vida.
El Florida Policy Institute señaló que la enmienda, llamada “Save Our Homes From Excessive Property Taxes”, tendría un costo recurrente cercano a 12.000 millones de dólares, de acuerdo con la estimación de la Revenue Estimating Conference del estado.
Los impuestos a la propiedad son una fuente central de financiamiento para gobiernos locales, con los que se pagan servicios como policía, bomberos, obras, parques, bibliotecas, infraestructura, recolección y administración municipal. Si los gobiernos locales pierden ingresos, deberán elegir entre recortar servicios, subir tasas, crear cargos, demorar obras o trasladar parte del peso fiscal a propiedades comerciales, alquileres u otros contribuyentes.
CBS Miami informó que comunidades pequeñas y rurales con una alta proporción de viviendas homestead podrían estar entre las más afectadas. También podrían sufrir condados y ciudades que dependen fuertemente del impuesto a la propiedad para sostener servicios esenciales.
La enmienda necesita el 60% de apoyo para entrar en vigor. Si se aprueba, Florida experimentaría uno de los mayores cambios fiscales recientes de su historia. Para los propietarios, podría significar una factura más baja; para gobiernos locales, una pérdida de ingresos estructural.