El haber medio de la administración pública provincial ronda los $950.000, frente a una canasta familiar de $1.531.473 calculada por ATE para julio. El Gobierno aplica una suba escalonada del 20% en cuatro tramos.
El salario promedio de la administración pública de San Luis ronda los $950.000, mientras la categoría más alta se ubica cerca de $1,4 millones, valores inferiores a la canasta familiar calculada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para julio.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ATE fijó esa referencia en $1.531.473 para un hogar tipo y solicitó una recomposición de los haberes, la reapertura de instancias de negociación y mejoras sobre el salario básico.
La comparación de las escalas vigentes con esa canasta llevó a estimar que cerca del 80% de los salarios estatales se encuentra por debajo del valor tomado como referencia. Ese porcentaje no surge de una estadística oficial sobre pobreza y debe leerse como un cálculo salarial, ya que la medición de pobreza se realiza por hogar y contempla su composición y el conjunto de los ingresos familiares.
En los municipios de la provincia, las remuneraciones varían según la categoría, la antigüedad y los adicionales de cada administración. Los gremios indicaron que en varias comunas los haberes iniciales se aproximan al valor de la canasta alimentaria, utilizada para medir la indigencia.
ATE calculó que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 228,5%, mientras los salarios estatales aumentaron 138,77%. Ambos porcentajes forman parte de la medición sindical y son utilizados por la organización para fundamentar su pedido de recomposición.
El gremio informó también que seis de cada diez trabajadores recurren al endeudamiento para afrontar gastos básicos y que tres de cada diez registran atrasos en sus pagos. Esos indicadores corresponden a su relevamiento y no a una medición oficial de la totalidad de los empleados públicos.
El gobierno de Claudio Poggi dispuso un aumento del 20%, dividido en cuatro tramos del 5% para julio, agosto, octubre y noviembre. La administración provincial estimó que, una vez completado el cronograma, la mejora acumulada durante 2026 llegará al 30%.
El esquema se sumó a un pago extraordinario de $300.000 realizado en mayo. Para los beneficiarios del Plan de Inclusión se fijaron montos de $525.000 en julio, $550.000 en agosto, $575.000 en octubre y $600.000 en noviembre.
El Ejecutivo indicó que la recomposición se financia con el Fondo de Reserva Salarial y Social, creado en el marco de la emergencia económica y equivalente a dos meses de masa salarial. Los sindicatos mantienen, además, pedidos de recategorización, actualización de adicionales y medidas para atender el endeudamiento de los trabajadores.
La diferencia entre un salario y una canasta familiar no permite determinar por sí sola la condición económica individual de cada empleado, porque en un hogar puede haber más de un ingreso. Sí permite comparar la evolución de los haberes con una referencia de gastos básicos utilizada en la discusión salarial.
Después del tramo aplicado en agosto, el cronograma contempla nuevas subas del 5% en octubre y del 5% en noviembre. Al 12 de agosto, el Gobierno mantenía ese esquema y los gremios sostenían el reclamo de una negociación salarial y una mejora del básico.