Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei por el deterioro de las rutas nacionales y el uso de fondos destinados a infraestructura vial. Los denunciantes solicitan que se investigue una posible comisión del delito de estrago.
Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra distintos funcionarios del Gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y el destino de los fondos asignados a infraestructura vial. La presentación advierte sobre la posible comisión del delito de estrago y sostiene que determinadas omisiones y decisiones de funcionarios podrían haber contribuido a poner en peligro la vida de quienes transitan por las rutas.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano. El escrito apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de integrantes del directorio de la entidad y otros funcionarios que eventualmente resulten responsables.
El destino de los fondos para las rutas
Uno de los puntos cuestionados es el manejo de los recursos recaudados para el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuya finalidad está vinculada al financiamiento de obras e infraestructura vial. Según la denuncia, una publicación periodística reveló que el Gobierno habría recaudado $1,5 billones para rutas y obras viales, pero habría ejecutado solamente una parte de esos recursos.
El escrito sostiene que el artículo 15 del Decreto 976/2001 establece límites sobre el uso de esos fondos y prohíbe destinarlos a gastos ajenos a los previstos. Para los denunciantes, la cuestión no se limita a una discusión presupuestaria: sostienen que la falta de utilización de recursos destinados específicamente al mantenimiento vial puede tener consecuencias concretas sobre la seguridad de los automovilistas.
“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, afirma la presentación.
Advierten por un aumento de las muertes en las rutas
Otro de los argumentos centrales es el supuesto incremento de la siniestralidad vial. La denuncia cita relevamientos y publicaciones periodísticas que, según los denunciantes, darían cuenta del deterioro de distintas rutas y de un “alto riesgo de siniestralidad vial”. En particular, el escrito menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría señalado, sobre la base de relevamientos no oficiales, que las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”.
Los denunciantes consideran que esa situación debe ser contrastada con información oficial sobre el estado de las rutas, los accidentes y las tareas de mantenimiento. La presentación también menciona informes sobre accidentes viales, el estado de los caminos y la falta de relevamientos de seguridad vial como elementos que deberían ser investigados.
Qué dice el Código Penal sobre el estrago
La denuncia busca encuadrar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se causa un incendio u otros estragos. El escrito cita expresamente la norma: “Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.
A partir de ese encuadre, los denunciantes sostienen que podría existir responsabilidad en distintos niveles de la administración pública, incluyendo a las autoridades encargadas de la seguridad vial y a quienes tienen responsabilidades dentro del Banco Nación en su carácter de fiduciario. “Resulta evidente, en el caso que nos ocupa, que podrían existir responsabilidades de la autoridad de aplicación en toda la línea jerárquica”, afirma la denuncia.
La presentación solicita una serie de medidas para determinar si efectivamente existió una relación entre la falta de mantenimiento, la utilización de los fondos y el aumento de los siniestros.
Medidas solicitadas
Entre otras medidas, pidieron que se cite a declarar a Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, para que aporte información sobre relevamientos del estado de las rutas y la evolución de la siniestralidad. También solicitaron a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación de Estado de Pavimentos desde 2019, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la información producida desde ese año sobre el estado de los caminos nacionales y los siniestros viales.
Además, pidieron información a las compañías de seguros sobre investigaciones relacionadas con accidentes ocurridos en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026. Finalmente, solicitaron que se adjunte copia de la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde se ordenó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional la reparación urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33.
Una denuncia que apunta a la responsabilidad estatal
El escrito también desarrolla un extenso argumento constitucional y de derechos humanos. Los denunciantes sostienen que el Estado tiene obligaciones positivas de prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas que utilizan la red vial. En ese sentido, plantean que la falta de mantenimiento no sería simplemente una decisión administrativa o presupuestaria, sino que podría adquirir relevancia jurídica cuando existe un riesgo concreto para la población.
La denuncia sostiene que la situación constituye un “riesgo continuado” y advierte que, según la evidencia pública citada, se habría traducido en un incremento de los siniestros fatales. Por eso, los abogados pidieron que la Justicia avance con rapidez y determine si hubo responsabilidades penales.