La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en 2026 se registraron siete asesinatos de periodistas en México y manifestó preocupación por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas denunciadas por las víctimas antes de morir.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, emitió un comunicado en el que alerta sobre siete periodistas asesinados en México durante 2026. El organismo señaló que en al menos dos de los casos las víctimas habían denunciado amenazas previas sin que se registraran investigaciones oportunas o efectivas.
El comunicado indica que los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar elevan a siete la cifra de periodistas asesinados en el año. La CIDH hizo un llamado a las autoridades mexicanas para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones eficaces.
El 16 de julio de 2026, Josué Martínez Contreras fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla. Según información oficial, dos personas en motocicleta le dispararon y huyeron. Martínez Contreras había denunciado públicamente amenazas relacionadas con su labor informativa. La Secretaría de Gobernación ofreció apoyo a la familia y el caso fue remitido al Gabinete de Seguridad Federal.
El 22 de julio de 2026, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca. Leyva Aguilar era columnista de análisis político y había presentado denuncias por amenazas de muerte un año antes. No recibió medidas de protección. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión atrajo el caso.
La Relatoría Especial subrayó que en ambos casos las víctimas habían denunciado amenazas sin que existieran evidencias de investigaciones previas. El organismo señaló deficiencias en la adopción de medidas preventivas y destacó la vulnerabilidad de los periodistas en México.
La CIDH enfatizó que el asesinato, la intimidación y las amenazas contra periodistas constituyen violaciones graves de derechos fundamentales y afectan la libertad de expresión. El organismo indicó que esta violencia genera un efecto inhibidor sobre otros periodistas y menoscaba el derecho de la sociedad a la información.
La Relatoría solicitó una revisión urgente de los mecanismos de protección actuales y reiteró la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como garantizar la reparación a las víctimas y sus familias.