La Fiscalía General de la República reveló una estructura financiera paralela que movió más de 3,075 millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias y realizó operaciones cambiarias por 1,386 millones de dólares, vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 16 de julio que detrás del contrabando de combustible atribuido al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel operaba una estructura financiera paralela que movió más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. La fiscal general Ernestina Godoy dio a conocer la investigación que llevó a la detención del exmandatario en Ensenada, Baja California.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada determinó que los patrones de movimiento en esas cuentas eran “incompatibles con la actividad económica reportada” por las firmas involucradas. El daño estimado al erario supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025 por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La FGR rastreó 80 cuentas puente, caracterizadas por recibir y transferir recursos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. La fiscal Godoy explicó que la reconstrucción del entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La arquitectura financiera tenía un nodo central: una empresa que recibía los ingresos del contrabando y los canalizaba hacia firmas extranjeras mediante transferencias internacionales, calificado por la FGR como “indicios de triangulación de recursos”. Las operaciones cambiarias registradas superaron los 1,386 millones de dólares.
La firma en el centro del esquema es Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel, con actividades originales en servicios portuarios. En 2023, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. En septiembre de 2025, Ruffo Appel reconoció en entrevista con Grupo Fórmula su vínculo con la empresa y atribuyó la falta de claridad a la aduana.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en ese mes que las investigaciones involucraban a “un ex gobernador del PAN”. El 9 de septiembre de 2025, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró que Ruffo Appel “al momento no cuenta con orden de aprehensión”.
Las investigaciones identificaron a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo 16 de julio en Ensenada. También a un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo y a la empresa Lambrucat. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran socios, operadores logísticos y servidores públicos. Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.