La administración Trump condicionará parte de las subvenciones de seguridad a la adopción de nuevos controles electorales.
Estados Unidos anunció nuevos requisitos para los estados que soliciten recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP). Entre las disposiciones más relevantes está utilizar el sistema SAVE para corroborar la condición de ciudadano estadounidense de todas las personas inscritas en los registros electorales.
Qué deberán hacer las jurisdicciones para acceder a las subvenciones federales
La disposición fue presentada por la administración Trump como parte de una estrategia destinada a reforzar la protección de la infraestructura electoral frente a amenazas externas, vulnerabilidades internas y ciberataques, según explicó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado oficial.
De acuerdo con el aviso oficial, los gobiernos estatales, territoriales, tribales y locales deberán cumplir una serie de condiciones para recibir la totalidad del financiamiento disponible.
Entre los nuevos requisitos figuran:
- Presentar un plan para reemplazar sistemas de votación que utilizan códigos QR o códigos de barras por equipos compatibles con papeletas de papel marcadas manualmente.
- Realizar una auditoría manual de al menos el 5% de los sufragios emitidos después de cada elección federal.
- Comparar la cantidad de personas que participaron en los comicios con el número total de votos contabilizados.
- Revisar los padrones electorales mediante SAVE para acreditar la ciudadanía de los inscritos.
- Comprobar la condición de ciudadano estadounidense de quienes trabajen en centros de votación o administren sistemas electorales.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) retendrá el 20% del monto otorgado hasta que cada beneficiario presente pruebas de cumplimiento y estas sean validadas por el gobierno federal.
Cómo funcionará el control de ciudadanía mediante SAVE
SAVE, sigla de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios, es una herramienta administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) utilizada para determinar la elegibilidad de determinadas personas para acceder a programas públicos.
Según los nuevos lineamientos, las administraciones receptoras de fondos deberán utilizar esa plataforma para revisar sus registros electorales dentro de los 120 días posteriores a la aceptación de la subvención. El objetivo, según el DHS, es garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses habilitados figuren en los padrones.
El caso judicial mencionado por el gobierno federal
El comunicado oficial también hace referencia al expediente League of Women Voters v. U.S. Department of Homeland Security (N.º 25-3501). Según explicó el organismo, un juez federal anuló el 22 de junio las modificaciones realizadas al sistema SAVE y ordenó desmantelar su versión ampliada, al concluir que la consolidación de datos violó la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. El gobierno apeló la decisión.
Ante esos escenarios, el DHS indicó que las jurisdicciones podrán remitir información adicional a Uscis para efectuar búsquedas complementarias dentro de los registros migratorios federales cuando existan dudas sobre la documentación disponible.
Qué dijo la administración Trump sobre los nuevos controles
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la decisión: “La seguridad electoral es seguridad nacional, y proteger la infraestructura crítica del país es una prioridad absoluta”.
El funcionario afirmó que los nuevos requisitos ayudarán a preservar la integridad de los comicios y permitirán que los ciudadanos tengan mayor confianza en los resultados.
La medida no cambia por sí sola las leyes electorales estatales, pero condiciona el acceso al 20% de determinadas subvenciones federales de seguridad al cumplimiento de los controles establecidos por FEMA.
