El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afronta una creciente presión política debido a varios casos de corrupción que involucran a miembros de su partido y su entorno familiar.
MADRID.- En España, la agenda política está marcada por la aparición constante de nuevos casos de corrupción. El principal afectado es el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también persisten investigaciones de la era de Mariano Rajoy, como el caso «la Kitchen», y otras que involucran a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presión ha generado críticas por parte de los socios de investidura de Sánchez. Junts, el partido catalanista de Carles Puigdemont, se sumó al PP y Vox en una moción en el Congreso que exige a Sánchez convocar elecciones o someterse a una moción de confianza.
Una moción de censura impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es viable por el momento, debido a la asociación con Vox, considerada tóxica para otros partidos. Si el bloqueo se mantiene, Sánchez conserva la capacidad de decidir la fecha de las próximas elecciones generales.
El presidente socialista afirmó en reiteradas ocasiones que los comicios serán en 2027. Según analistas, los escenarios más probables son una convocatoria a principios de año si no se aprueban los presupuestos, o en septiembre, lo más tarde permitido por la ley.
Desde la Moncloa se diseñó una estrategia de defensa que clasifica los escándalos en categorías: reconocimiento de mala praxis y distanciamiento de los acusados, defensa de su inocencia, y denuncia de una conspiración para derrocar al Gobierno.
La teoría de las «manzanas podridas»
El lunes pasado, el gobierno recibió la condena a 24 años y tres meses de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por contratos irregulares para la compra de mascarillas durante la pandemia de covid. La sentencia del Tribunal Supremo consideró probados los cargos de pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación.
En su comparecencia en el Congreso, Sánchez se distanció de Ábalos y de Koldo García, su asesor, también condenado. «Es un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero», declaró el presidente.
En la misma categoría se sitúa Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, con causas abiertas por corrupción y por una trama para influir en procesos judiciales, conocido como «caso Leire Díez».
Presunción de inocencia
Otro caso es la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. En su declaración, Zapatero negó haber presionado a favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra y se negó a responder sobre joyas encontradas en su despacho.
La estrategia de la Moncloa pasa por defender la inocencia del expresidente. «Nadie puede extraer conclusiones del caso Zapatero y el ejecutivo progresista no tiene nada que ocultar», afirmó Sánchez. Fuentes del PSOE aseguraron que el rescate se hizo respetando la ley.
El «lawfare» contra el gobierno
En los casos que afectan a la familia de Sánchez, el PSOE señala una conspiración de sectores conservadores de la judicatura. El hermano del presidente, David Sánchez, enfrenta un juicio por su contratación irregular en la Diputación de Badajoz.
El proceso contra la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción, está a cargo del juez Juan Carlos Peinado, quien tiene un expediente disciplinario abierto. Entre sus actos controvertidos, retiró el pasaporte a Gómez por riesgo de fuga.
Sánchez evitó usar el término «lawfare», pero sus palabras sugieren que cree en su existencia. En 2024, cuando surgieron acusaciones contra su esposa, abrió un periodo de reflexión de cinco días. Desde entonces, su determinación por completar la legislatura ha sido firme.