La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno y las universidades sostienen que se debe aplicar la ley de Financiamiento Universitario.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional en relación con la ley de Financiamiento Universitario. Ante esta decisión, representantes del sector universitario afirmaron que el Ejecutivo debe cumplir con lo establecido en la norma.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), declaró a Clarín: “Se debe actualizar de inmediato los haberes de acuerdo a lo que manda la Ley. El Gobierno desde diciembre viene pateando, con chicanas, hasta llegar con un recurso extraordinario ante la Corte, que se resolvió hoy con el rechazo. Hay que pagar y punto”.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, señaló que el acta acuerdo firmada días atrás entre el Gobierno, rectores y gremios no implicó el retiro de la demanda judicial. Indicó que existían dos fallos cautelares a favor del sector universitario, uno del juez Martín Cormick y otro ratificado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fines de marzo. Sostuvo que esa decisión cautelar debe ejecutarse.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que el Gobierno debe pagar de inmediato la recomposición salarial retroactiva a diciembre de 2023, así como las becas estudiantiles, según los artículos 5 y 6 de la ley comprendidos en la medida cautelar. Agregó: “Caso contrario los funcionarios se enfrentan a responsabilidades penales, políticas -como el juicio político- y también patrimoniales personales por no cumplir la sentencia. Por ejemplo, que se pongan multas diarias sobre sus patrimonios”.
En relación con el acuerdo salarial del 23,3% firmado hace diez días, Gil Domínguez sostuvo que ese acuerdo “cesó” al ser superado por la vigencia de la ley. Según cálculos, los sueldos universitarios deberían aumentar en junio un 56% respecto de mayo, con impacto en el aguinaldo.
El juez Cormick debe definir ahora la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto del Gobierno que suspendió la ley.