La Fiscalía General de la República de El Salvador comenzó sus alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado en el juicio contra la cúpula de la Mara Salvatrucha. El proceso, que inició el 20 de abril de 2026, abarca a 485 jefes pandilleros acusados de miles de delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició este 5 de junio sus alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado en el macrojuicio contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13). El proceso judicial, que comenzó el 20 de abril de 2026, juzga a 485 cabecillas de la pandilla, de los cuales 72 son juzgados en ausencia por encontrarse prófugos o enfrentando procesos en Estados Unidos.
Según la FGR, a la estructura se le atribuyen miles de crímenes cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos más de 500 asesinatos contra trabajadores públicos, incluidos más de 400 homicidios dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).
Durante la jornada, el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que el núcleo de la acusación consiste en demostrar la evolución de la MS-13 desde un grupo de estructuras territoriales pequeñas hasta convertirse en un corporativo criminal hiperconectado. Según las investigaciones, la organización llegó a conformar 32 programas nacionales (dos en el extranjero) y 230 clicas en todo el territorio salvadoreño.
La Fiscalía enfatizó el uso del denominado “testamento”, un reglamento interno utilizado por los cabecillas para adoctrinar a los miembros, asegurar el sometimiento y mantener el control vertical de la organización. Para sustentar la culpabilidad de la jefatura, el ministerio público se apoyará en la doctrina internacional de la Teoría del Aparato Organizado de Poder, que permite responsabilizar penalmente a los líderes que, sin ejecutar materialmente los crímenes, daban las órdenes, autorizaban homicidios bajo la orden de “válvulas abiertas” y coordinaban actividades ilícitas desde las calles o centros penales.
Los alegatos finales representan la última fase del juicio oral antes de que el juez se retire a deliberar para dictar sentencia. En esta etapa, tanto la FGR como la defensa exponen sus argumentos de cierre sin presentar pruebas nuevas, sino conectando las ya exhibidas para demostrar su teoría del caso y pedir condena o absolución.
Más de 250 de los procesados se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Aunque en este proceso no se aplica cadena perpetua de forma directa, las leyes salvadoreñas permiten la acumulación de penas por cada delito. Cada imputado puede recibir hasta 50 años de prisión por homicidio, y al enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas, rebelión y múltiples homicidios, las penas solicitadas por la Fiscalía son acumulativas, lo que podría resultar en condenas superiores a 500 años de cárcel para cada uno. Se prevé que los alegatos finales y la resolución del tribunal tomen un par de semanas debido a la cantidad de imputados y expedientes.